Un inversor damnificado en el caso $LIBRA apleó el sobreseimiento de Javier Milei, junto con el de otros diez acusados.
Uno de los inversores damnificados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA apeló el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve acusados. En un escrito de 40 carillas, Juan Patricio Marchetto cuestionó al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, y reclamó que se profundicen las medidas pendientes.
Marchetto presentó el recurso con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, apenas un día hábil después de que se dictaran los sobreseimientos, según informó La Nación. En su apelación, pidió que se revoque la decisión judicial y que la investigación penal continúe.
Axel Kicillof destacó la remontada electoral de Lula da Silva y cuestionó el respaldo de Javier Milei y Donald Trump a la ultraderecha.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el planteo del fiscal Eduardo Taiano y desvinculó a once personas del expediente por el colapso de $Libra.
El inversor sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones”, realizó una “valoración fragmentaria” de las pruebas y omitió considerar elementos relevantes. También cuestionó que la resolución tuviera una “fundamentación aparente”.
Uno de los ejes del planteo es que, según Marchetto, el magistrado confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, cuestionó que se concluyera que las conductas investigadas no encuadran en ninguna figura penal cuando, a su entender, la falta de elementos suficientes para acreditar una hipótesis delictiva no justificaba cerrar definitivamente el expediente.
El recurso también apuntó contra el desempeño del fiscal Eduardo Taiano. Marchetto lo acusó de ocultar información, demorar la producción de pruebas, no convocar a testigos y no solicitar declaraciones indagatorias. Además, cuestionó que pidiera el sobreseimiento de los once imputados mientras todavía había diligencias ordenadas que no habían concluido.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el inversor en su presentación.
Entre las medidas pendientes, mencionó la ampliación de las pericias telefónicas a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el escrito como intermediarios que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
También reclamó que se convoque a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Davis en la Argentina. Según el planteo, sus testimonios podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido.
Marchetto remarcó, además, que ninguno de los once imputados había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para el inversor, esa circunstancia debía analizarse junto con las medidas que continuaban pendientes y los elementos que, según su presentación, todavía requerían esclarecimiento.
Otro de los puntos centrales de la apelación se refiere al papel que pudo haber tenido el Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025.
En particular, el escrito puso el foco en las comunicaciones entre Milei y Mauricio Novelli, uno de los organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió el activo en la red social X.
Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18.44:32, 18.54:38 y 18.58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18.56:22. La publicación presidencial con el código alfanumérico para comprar $LIBRA apareció a las 19.01:22.
El inversor también destacó que, según la reconstrucción de transacciones mencionada en su presentación, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, señaló.
A partir de esa secuencia, Marchetto reclamó que se investigue si existió coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones realizadas antes de su difusión pública y la intervención del Presidente. El planteo sostiene que esos elementos debían evaluarse de manera integral antes de cerrar la causa.
La apelación también cuestionó la falta de profundización sobre el destino de los fondos aportados por los compradores. En ese sentido, reclamó esclarecer quiénes recibieron el dinero, qué información tenían al momento de operar, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una parte sustancial de los fondos terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.
Marchetto también cuestionó el tratamiento que recibió el informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. Martínez de Giorgi había mencionado irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.
El inversor objetó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no había acreditado que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.
Además, señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados. A partir de ese dato, preguntó por qué el contenido del material no se había comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. “Sigue resultando cuanto menos curioso” conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en el recurso.
Entre las medidas que todavía reclama, Marchetto destacó la necesidad de ampliar las pericias telefónicas y profundizar el análisis de las comunicaciones y los movimientos de fondos para esclarecer las circunstancias del lanzamiento y el posterior colapso de $LIBRA.
La apelación tiene también una dimensión procesal. Marchetto fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio, una decisión que confirmó la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión todavía está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal, ante la cual presentó una queja que aún debe resolverse.
El inversor advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación definiera su situación, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica, porque sería reincorporado a un expediente cuya investigación ya estaría cerrada definitivamente.
Para fundamentar su derecho a recurrir como “pretenso querellante”, citó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que reconoció la legitimación de quienes buscan constituirse como querellantes para interponer recursos ante Casación. También invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley, entre ellos el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.
Marchetto fue el primero de los inversores afectados en presentar una apelación contra los sobreseimientos. Según el planteo, se esperaba que otros damnificados también intentaran recurrir durante la semana, mientras Casación debe resolver si los reincorpora al expediente o confirma su exclusión.
La decisión sobre el recurso y la situación procesal de los damnificados serán claves para determinar si los sobreseimientos quedan firmes o si la investigación continúa abierta.
