La Justicia confirmó la sentencia contra la expresidenta Cristina Kirchner por la "Causa Vialidad" y le prohibió ejercer cargos públicos de por vida.
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a 6años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner en la "Causa Vialidad", que juzgó el desvío del 80% de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.
En un fallo de más de 1.600 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal el que resuelva el expediente y, si ratifica la decisión de Casación, el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para resolver.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Los hechos juzgados remiten a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015. Respecto de ese proceso, se denunció una maniobra fraudulenta en perjuicio de los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.
Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción.
Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa.
Los imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras.
Asimismo, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades.
En esa lógica, se destacó la suscripción por parte de la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez.
El perjuicio económico a la administración pública ocasionado por el delito se pudo determinar en aproximadamente 84.000 millones de pesos.
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