En la causa se investigan posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, en medio de contratos con la Televisión Pública.
El juez federal Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, vinculado al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en una causa que investiga posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, en medio de contratos con la Televisión Pública y otras medidas judiciales en curso.
La medida apunta a analizar el contenido del teléfono celular y otros canales de contacto de Grandio, incluyendo sus intercambios tanto con Adorni como con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora ImHouse.
Mientras avanza la investigación sobre Manuel Adorni, se conoció que Matías Tabar afirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo para refaccionar su casa.
La decisión fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que Matías Tabar declarara haber recibido unos US$ 245.000 en efectivo.
El periodista y productor es amigo del funcionario libertario y lo acompañó durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado a Punta del Este, en Uruguay. A su vez, su productora cerró contratos con la Televisión Pública, que depende de la Secretaría de Comunicación y opera bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La revisión será llevada adelante por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y busca determinar si existieron posibles "dádivas" o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a Leandro Miano, un empresario inmobiliario vinculado a la compra de un departamento por parte de Adorni en el barrio porteño de Caballito.
Miano, de 44 años, es hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que vendieron el inmueble ubicado en la calle Miró y por el que, según consta en la investigación, el funcionario argentino todavía adeuda US$ 200.000 por esa operación. El empresario es además socio en una desarrolladora inmobiliaria junto a Pablo Martín Feijoo, de 36 años, y quien ya había declarado en la causa, indicando que conoce a Adorni por el colegio de sus hijos y que en el marco de la operación existió un acuerdo de palabra por US$ 65.000 adicionales, por fuera de la escritura.
A estas declaraciones se suma la de Matías Tabar, el contratista encargado de refacciones en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según afirmó, las obras costaron alrededor de US$ 245.000, abonados en efectivo y sin factura.