Prestadores de servicios para personas con discapacidad realizan un paro ante la falta de pagos de PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales.
Escuelas, centros terapéuticos y hogares para personas con discapacidad convocaron a un cese de actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo por la falta de pagos de PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales. Advierten que la deuda pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones miembro anunciaron un cese de actividades en todo el país ante la falta de pagos de deudas de 2025.
La Justicia espera la palabra de Diego Spagnuolo, citado por supuestos pedidos de coimas y contratos dirigidos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La declaración de Diego Spagnuolo en Comodoro Py duró pocos minutos, y rechazó todo tipo de acusaciones además de negarse a responder preguntas.
La medida se llevará adelante los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Durante esas jornadas, prestadores del sector suspenderán sus servicios en reclamo por el pago de prestaciones adeudadas. Según explicaron desde el sector, la protesta surge ante la ausencia de respuestas del Gobierno nacional frente a una situación que califican como crítica para la continuidad del sistema de atención.
En ese marco, este miércoles 11 de marzo se realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires en la que representantes de instituciones, activistas y familiares expusieron el impacto de la situación.
Adriana Salomone, de la Asociación de Padres DINAD -institución que brinda servicios escolares, centro de día y hogar permanente para personas con discapacidad- describió el escenario actual con una metáfora: “La situación es como un tren: la locomotora son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. En el medio están las personas con discapacidad y atrás todos los trabajadores: enfermeras, profesionales, docentes, terapeutas. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos”.
Salomone explicó que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de esos ingresos para sostener su funcionamiento cotidiano. “En nuestro caso, el 50 % de la facturación corresponde a PAMI y un 30 % a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”, señaló.
La referente también advirtió sobre el impacto directo que la situación puede tener en las personas con discapacidad, especialmente en quienes viven en hogares permanentes. “Las escuelas o centros de día, en el peor de los casos, pueden cerrar y las personas vuelven a su casa. Pero ¿qué pasa con los hogares? Muchas de las personas que viven allí están judicializadas y no tienen familia. Si no llegan los fondos, la situación es insostenible”, explicó.
Por su parte, el coordinador del Foro Permanente, Pablo Molero, indicó que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre de 2025, lo que profundizó la crisis en el sector. “Sin ingresos, las instituciones no pueden hacer frente a salarios, insumos, alimentación o servicios básicos. Frente a esto hay un gran silencio de parte de Incluir Salud, PAMI y las pensiones no contributivas”, afirmó.
En la conferencia también partició el activista Jony De La Silla, quien remarcó que sin prestaciones las personas con discapacidad no pueden sostener su vida cotidiana. Por su parte, la actriz Valentina Bassi, mamá de un joven con autismo, quien advirtió que el sistema “está asfixiado”.
Desde el Foro Permanente y las organizaciones que lo integran reclamaron al Gobierno nacional y a las obras sociales el pago urgente de las prestaciones, al advertir que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.