Amnistía Internacional denuncia que el Protocolo Antipiquetes impulsó una escalada represiva y reclaman su inconstitucionalidad.
Amnistía Internacional alertó por el Protocolo Antipiquetes aplicado en el país tras constatar que, a 2 años de su implementación, más de 2.500 personas resultaron heridas en manifestaciones en Argentina. La presentación judicial busca que la Justicia declare inconstitucional la medida aplicada en operativos de seguridad durante protestas sociales.
La iniciativa judicial es impulsada junto a organismos locales que advierten un aumento sostenido de la violencia estatal en el control de la protesta. Según los relevamientos, la aplicación del protocolo habilitó prácticas represivas que afectaron a manifestantes, periodistas y fotógrafos en distintos puntos del país.
Al anunciar el reclamo, la directora de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, sostuvo que la norma permitió una profundización de la represión. "La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social", afirmó.
El protocolo, denominado formalmente "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", fue establecido por Decreto y considera delito los cortes de tránsito. La medida habilita desalojos y detenciones sin orden judicial y fue una de las primeras decisiones de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei.
En el entorno de la ahora senadora nacional sostienen que la política de erradicación de piquetes cuenta con respaldo social y resultados positivos. Un exfuncionario del área aseguró que la estrategia fue clave en el escenario electoral que luego llevó a Bullrich al Congreso.
Sin embargo, los informes de Amnistía Internacional señalan que entre 2025 y la actualidad se registraron 2.557 personas heridas por "uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza". Además, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detectó un aumento del 77% en las detenciones durante protestas, muchas de ellas de legalidad cuestionada.
Los relevamientos también alertan sobre prácticas graves, como disparos dirigidos al rostro de manifestantes. Según los datos recopilados, cuatro personas perdieron un ojo. El impacto alcanzó a la prensa: al menos 184 trabajadores de medios resultaron heridos, entre ellos Pablo Grillo, alcanzado por un disparo de un gendarme frente al Parlamento nacional.
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