El Gobierno presentará un gran paquete de reformas y desregulaciones en distintos sectores. Las medidas alcanzan desde las garrafas a los barcos.
El Gobierno de Javier Milei trabaja en un nuevo paquete de desregulaciones que alcanzará a distintos sectores de la economía y que será enviado al Congreso en las próximas semanas. El proyecto, encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, retoma varias de las reformas que habían sido incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23 y luego quedaron suspendidas por distintas medidas judiciales.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el referido a la comercialización de medicamentos. La propuesta busca permitir que los productos farmaceúticos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y ampliar la venta online con entrega a domicilio.
Actualmente, salvo el caso de Farmacity —que obtuvo un amparo judicial—, los medicamentos solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión de especialistas. El oficialismo busca ahora darle respaldo legislativo a una medida que había sido parcialmente frenada por la Justicia.
Otro de los cambios apunta a eliminar el régimen de precio uniforme de los libros. De aprobarse la iniciativa, cada librería podrá fijar libremente el valor de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones actuales.
En el Ministerio de Desregulación sostienen que esto favorecerá la competencia y podría reducir los precios para los consumidores. Las librerías independientes, sin embargo, aseguran que esto permitirá las dejaría al borde del cierre permitiéndole a las grandes cadenas implementar mecanismos de dumping, vendiendo a pérdida ejemplares para quebrar a las pequeñas firmas y luego aumentar libremente los precios tras haber eliminado a su competencia directa.
En paralelo, el proyecto modifica el régimen del Gas Licuado de Petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir en los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas, limitando su participación únicamente a los controles vinculados con la seguridad técnica.
Entre las principales novedades también aparecen la habilitación del uso de activos virtuales –como criptomonedas– como garantía de obligaciones, la incorporación de contratos inteligentes y firmas digitales y la creación de un registro federal unificado para consultar las garantías constituidas en todo el país. Además, se impulsa la digitalización de los certificados de depósito y obligaciones negociables utilizados por el sector productivo.
En materia inmobiliaria, el proyecto propone eliminar la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público. Según el Gobierno, los requisitos actuales constituyen barreras que restringen la competencia y encarecen las operaciones.
El paquete también incluye modificaciones para el sector agropecuario. Entre ellas, la derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales, que actualmente fija plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago.
En materia de navegación, el Gobierno busca permitir que embarcaciones extranjeras realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establecer un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad.
El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que pasaría a concentrarse exclusivamente en controlar la calidad del producto final, y dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Por otra parte, la propuesta prevé la eliminación de la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en trámites ante la administración nacional, salvo en los casos que determine la reglamentación. Y, finalmente, se incorporan cambios para las cooperativas: la iniciativa elimina la exención plena del Impuesto a las Ganancias y establece que aquellas que registren excedentes superiores a $500 millones anuales deberán tributar ese impuesto.
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