Las autoridades locales llevaron adelante una auditoría general y detectaron diferentes contravenciones en la contratación del personal municipal.
A tan solo un día de la entrada en vigencia del nuevo sistema de control biométrico de asistencia en la Municipalidad de La Plata, las autoridades locales dieron a conocer el resultado de la extensa auditoría realizada entre los trabajadores públicos del Estado local y revelaron un sinfín de irregularidades en la contratación de muchos de los trabajadores públicos en la ciudad.
Según consta en el informe del puntilloso trabajo encabezado por los equipos técnicos de la gestión que encabeza el intendente Julio Alak, la ciudad cuenta con más de 12.500 empleados, pero una gran cantidad de ellos no cumple sus funciones por diferentes motivos, como el hecho de que residen a cientos de kilómetros de la capital provincial o incluso se encuentran presos condenados por gravísimos delitos.
El sistema había sido anunciado semanas atrás y este viernes entró en funcionamiento. Las impactantes cifras relevadas por la Comuna.
Las autoridades de la Municipalidad de La Plata detectaron serias faltas en la contratación de cientos de trabajadores públicos en todo el distrito.
Tras una extensa y profunda investigación, se detectó la existencia no solo de personas que cobraban sin presentarse a trabajar sino incluso el caso de una persona fallecida que figuraba como contratada y una gran cantidad de personas privadas de su libertad a causa de diferentes delitos que también figuraban como empleados municipales.
Según se indicó, entre otras acusaciones algunas de esas personas enfrentan cargos por homicidios agravados y en ocasión de robo, promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas, robo calificado por uso de armas de fuego e incendios y estragos. En el informe se detalló a su vez que también se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
"La investigación interna determinó numerosas irregularidades administrativas. En la misma se expone que había personas que cobraban sueldo y no trabajaban, como también agentes que cobraban sueldo sin tener legajo de personal, es decir que no habían cumplimentado los requisitos mínimos para su designación y sin embargo eran asalariados", resume el documento. Entre las anomalías se pudo constatar también la liquidación de sueldos sin el legajo correspondiente, una persona fallecida a la que se le pagaba sueldo y un total de trece personas detenidas por delitos graves en cárceles y alcaldías a las que se les seguía pagando la remuneración como si cumplieran servicios.
Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron salarios durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones; y se constató la contratación de 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche, que no asistían a trabajar. Los equipos técnicos pudieron identificar, a su vez, dos personas que se anoticiaron de tener un contrato municipal cuando fueron a hacer trámites en otros organismos y cuyas contrataciones, realizadas en septiembre de 2023, están siendo investigadas.
Se constató la contratación de 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche
"Estas situaciones se dieron en el marco de un aumento de las designaciones que crecieron desmesuradamente en los años electorales. Esto representa una clara violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y a la normativa provincial que regula el Empleo Público", indicaron en la Comuna.
Conforme a los datos que se desprenden del Plan de relevamiento integral para la reconstrucción de la administración pública municipal, la Municipalidad contaba al 10 de diciembre de 2023 con un total de 12.573 agentes. Para 2007, cuando terminó la cuarta gestión de Alak al frente del gobierno local en la ciudad vivían alrededor de 600 mil habitantes y la administración municipal contaba con 3.800 empleados públicos. De esta manera, el incremento de la plantilla de trabajadores entre aquel año y el que acaba de terminar fue de más del 300% frente a un crecimiento poblacional que en el mismo periodo fue de apenas 20%.
En términos comparativos, La Plata tiene más empleados designados que distritos como La Matanza, el más grande de la provincia; donde residen 1.837.774 personas y se registran 7.426 empleados municipales, de los cuales 3.112 son personal de salud de los hospitales comunales y 4.314 de planta. En este contexto, se puede observar que la capital bonaerense tiene un 70% más de empleados que aquella ciudad con casi la mitad de la población y sin contar con hospitales municipales: la capital provincial cuenta con un empleado municipal cada 61 habitantes y La Matanza tiene uno cada 247 vecinos.
En este contexto, la Comuna decidió avanzar en la implementación de un sistema de control biométrico en el ingreso y egreso de los trabajadores públicos a las diferentes reparticiones del Estado municipal. La iniciativa entró en vigencia el último viernes y busca, según se indicó, fortalecer la transparencia institucional y optimizar el funcionamiento de todas las áreas locales.
De este modo, durante la primera jornada de controles se contabilizó un ausentismo superior al 60%. En la delegación de Los Hornos se registraron 144 empleados sobre un total de 456, en Villa Elvira 154 sobre 340, en Altos de San Lorenzo 86 sobre 224 y en San Carlos 78 sobre 142, por lo que de 1.162 empleados que debían registrar su ingreso solo lo hicieron 462.