La causa por el fentanilo adulterado que provocó más de 100 muertes suma pruebas y un cruce entre las exfuncionarias de ANMAT e INAME. Una volverá a declarar.
La exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, ampliará su declaración indagatoria este lunes ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que provocó la tragedia sanitaria más grave de la historia del país. La fiscal María Laura Roteta también participará de la audiencia.
La funcionaria está imputada por su presunta responsabilidad en los controles sobre HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, donde fueron elaborados los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo adulterado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica. Según la investigación, el lote 31.202 comenzó a ser suministrado a pacientes en febrero de 2025.
La fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostienen que existieron demoras y omisiones en los organismos encargados de controlar a los laboratorios. Entre las pruebas incorporadas aparecen chats entre funcionarios y empresarios, además de documentos que advertían sobre graves irregularidades en la planta de Ramallo.
Uno de los puntos centrales de la causa es una inspección realizada en noviembre de 2024. Los inspectores detectaron irregularidades en la planta de Laboratorios Ramallo y recomendaron una carta de advertencia que implicaba impedir la elaboración de nuevos productos. Sin embargo, la medida recién fue formalizada el 10 de febrero de 2025.
La investigación también encontró mensajes que, según la fiscalía, muestran que los laboratorios recibieron información sobre inspecciones antes de que se concretaran. Para los investigadores, esos avisos les habrían permitido intentar corregir o esconder algunas de las irregularidades detectadas por los inspectores.
Otro episodio que quedó bajo análisis es una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la sede de ANMAT. Allí participaron las dos exfuncionarias y representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Según la acusación, durante ese encuentro se discutieron las observaciones realizadas durante la inspección y distintos trámites reclamados por las empresas.
La investigación también incorporó conversaciones posteriores entre las exfuncionarias y representantes de los laboratorios. Uno de los elementos que generó especial interés fue la eliminación de chats de WhatsApp de uno de los teléfonos secuestrados durante la investigación, una situación que la fiscalía incorporó a la reconstrucción de los hechos.
La ex titular de ANMAT, Agustina Bisio ya amplió su declaración y apuntó contra quien estaba al frente del INAME. En su descargo sostuvo que las decisiones sobre las inspecciones y las medidas administrativas correspondían a ese organismo y buscó despegarse de las responsabilidades que la fiscalía le atribuye.
Las dos exfuncionarias fueron detenidas a comienzos de agosto por pedido de la fiscal Roteta y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez. Luego recuperaron la libertad tras pagar cauciones de 75 millones de pesos cada una y quedaron sujetas a la prohibición de salir del país.
Ahora, la Justicia deberá analizar la ampliación de la declaración y el resto de las pruebas reunidas en el expediente. El foco está puesto en determinar si las autoridades de control conocieron las irregularidades de los laboratorios y, pese a las advertencias, no actuaron a tiempo para impedir que el fentanilo adulterado llegara a los pacientes.
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