El cadete está detenido por asociación ilícita, pero su defensa sostiene que solo era repartidor y que no hay pruebas que lo vinculen con la organización.
Un repartidor de La Plata, detenido en la causa que investiga a una presunta mafia china, busca recuperar su libertad. Su defensa sostiene que R.D.G. solo cumplía tareas como repartidor y que la Fiscalía no tiene pruebas que lo vinculen con decisiones de la organización investigada.
R.D.G. es un trabajador paraguayo de un barrio humilde que se ganaba la vida con changas y como repartidor para un supermercado chino. Actualmente permanece detenido e imputado por integrar una asociación ilícita, en el marco de una investigación que la Fiscalía describe como una organización criminal con una decena de integrantes. Sin embargo, según sus abogados, Agostina Balastegui y Andres Noetzly, el hombre no cuenta con recursos económicos, no tiene antecedentes ni bienes y hasta hace apenas un mes había conseguido trabajo en una huevería de City Bell para sostener a su mujer y sus tres hijas.
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó la ordenanza que bautiza a 19 y 520 como "Rotonda al Inmigrante Italiano" como homenaje a la colectividad.
La organización nació en 1986 y ha acompañado a más de 3.200 nenes a lo largo de su historial. El evento se realizará en octubre en La Plata.
La defensa sostiene que el vínculo entre R.D.G. y el presunto cabecilla de la organización, Ke Deqiang alias "Matías", se limita a su relación laboral. La única prueba que la Fiscalía invoca para relacionarlo con el supuesto entramado criminal son una serie de chats.
En esas conversaciones, Deqiang le da indicaciones propias de un repartidor: llevar mercadería de un supermercado a otro, pasar por el banco para realizar un pago o llevar un automóvil al mecánico. Para sus abogados, ninguno de esos mensajes demuestra que R.D.G. haya participado de decisiones vinculadas con la organización.
Los defensores remarcaron que en ninguna de las pruebas incorporadas al expediente aparece el acusado tomando decisiones dentro de la presunta asociación ilícita. También señalaron que durante el allanamiento de su vivienda no se secuestró ningún elemento relacionado con la causa. En ese sentido, plantearon que se construyó sobre el trabajador la imagen de uno de los integrantes de una estructura criminal, cuando los elementos reunidos hasta el momento solo demostrarían que cumplía órdenes de su empleador.
La defensa presentó un recurso de apelación contra el rechazo del pedido de excarcelación dispuesto por el Juzgado de Garantías N°6. La solicitud se encuentra actualmente pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
La causa se inició en 2022, a partir de la fuga de Ke Deqiang de la comisaría Primera. El hombre había sido detenido por extorsiones e intimidaciones a comerciantes y escapó de la seccional trepando el portón. Desde entonces permanece prófugo y los investigadores sospechan que podría encontrarse fuera del país.
Cuatro años después, la investigación derivó en un operativo que, según la Justicia, permitió desarticular una organización acusada de desplegar extorsiones, amenazas, juego clandestino, préstamos usurarios, tráfico de armas y maniobras irregulares para obtener habilitaciones y licencias. El 14 de agosto se realizaron quince allanamientos simultáneos en la ciudad, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los procedimientos dejaron varios detenidos y permitieron secuestrar armas de fuego, entre ellas pistolas 9 milímetros y calibre .380, escopetas Ithaca, celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.
Entre los acusados aparece un exfuncionario municipal de La Plata. Según la investigación, habría utilizado su posición para intervenir irregularmente en trámites vinculados con habilitaciones comerciales, licencias de conducir, levantamiento de infracciones, clausuras y permisos para la venta de alcohol. La Justicia sostiene que esas gestiones se realizaban a cambio de dinero. En las conversaciones incorporadas al expediente aparecen referencias a pagos de entre $70.000 y $75.000 por la obtención irregular de licencias de conducir. Además, se detectó que aquel implicado habría conseguido una habilitación de la Agencia Platense de Recaudación (APR) y en el Registro para la comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires (ReBA) para un comerciante por pedido de Deqiang.
De acuerdo con la acusación, el comerciante chino habría utilizado su condición de presidente de una Cámara de Comercio China como fachada para liderar la organización y dar órdenes relacionadas con el juego clandestino, los cobros extorsivos y otras actividades investigadas.
De acuerdo con la acusación liderada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, R.G.D no era un simple empleado, sino una pieza fundamental y de extrema confianza del líder de la banda, el propio Ke Deqiang. La fiscalía sostiene que el rol específico del imputado consistía en mantener una comunicación directa e inmediata con el jefe de la organización para advertirle sobre la presencia de personal policial en los alrededores. Para la justicia, esta función denota una participación activa en el entramado criminal que operaba de manera planificada y coordinada al menos desde el año 2020 hasta marzo de 2022.
Un aspecto llamativo del expediente radica en que el fiscal tomó los argumentos de la defensa para fortalecer su hipótesis. La defensa sostiene que R.G.D. únicamente realizaba tareas en comercios lícitos de Deqiang y que simplemente notificaba a su jefe cuando alguien preguntaba por él. No obstante, el fiscal dictaminó que este descargo no hace más que profundizar y demostrar el estrecho nivel de subordinación y la cercanía del acusado hacia el prófugo, concluyendo que por el tipo de tareas encomendadas era imposible que Duarte resultara ajeno a las actividades ilícitas.
La investigación judicial expone que la banda utilizaba como fachada la citada Cámara con el fin de legitimar sus maniobras delictivas, contando con una sólida logística que incluía la provisión de armas de fuego, municiones y vehículos. Mientras la defensa alegaba que la recolección de pruebas contra Duarte ya se encontraba agotada, la fiscalía y el juzgado remarcaron que tras los recientes allanamientos se han incorporado nuevos elementos bajo análisis. Asimismo, indicaron que aún restan realizar peritajes sobre los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados, los cuales prometen aportar más luz sobre el alcance de esta red delictiva integrada por más de diez personas y con presunta connivencia de funcionarios públicos.
Entre los detenidos se encuentran R.G.D., Huang Yun, Chen Tengui, Dong Feng Chen y Chen Jinchao, además del exfuncionario. Según la pesquisa, Yun habría manejado el juego y los préstamos; Duarte, la logística, los pagos y la documentación; mientras que Tengui, Dong Feng y Jinchao habrían sido utilizados para intimidar a comerciantes.
La investigación está a cargo del fiscal Condomí Alcorta, con intervención del juez Agustín Crispo y el trabajo del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina. Mientras tanto, la situación de R.D.G. deberá ser revisada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
