Siete policías son juzgados en La Plata por violencia institucional mediante juicio por jurado. Están acusados de torturas, abuso sexual y apremios ilegales.
El juicio oral en La Plata a siete policías acusados de violencia institucional atraviesa una instancia clave: el caso se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurado y el veredicto ciudadano ya se encuentra en etapa de deliberación, tras las instrucciones impartidas por la jueza técnica.
El proceso judicial, que investiga hechos ocurridos entre agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2016 en la Subcomisaría de Domselaar, partido de San Vicente, reúne una batería de acusaciones gravísimas contra los efectivos. La causa se sostiene en una extensa investigación penal preparatoria que acreditó un patrón sistemático de abusos contra personas detenidas, con especial afectación sobre mujeres privadas de la libertad.
En el banquillo de los acusados se encuentran Juan José Fernández, Lucas Vizgarra, Cecilia Ballerini, Rodolfo Morales, Carlos Remusio, Carina Ponce y Jorge Rodríguez. Deben responder por los delitos de vejaciones agravadas por violencia y amenazas, severidades agravadas por violencia y amenazas, hurto agravado, torturas, apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal policial, coacción y otros hechos conexos en concurso.
El bloque acusatorio está integrado por el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia junto a los abogados María Luz Santos Morón y Pedro Auzmendi, mientras que la jueza técnica Cecilia Sanucci, integrante del Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, es la encargada de dirigir el debate y dar las instrucciones legales al jurado popular.
La investigación que dio origen a este juicio fue llevada adelante por la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 7 de La Plata, y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías. El expediente reconstruyó una serie de hechos que, lejos de ser aislados, evidenciaron un funcionamiento estructural basado en la violencia dentro de la dependencia policial.
Según el requerimiento de elevación a juicio, quedó acreditado que durante meses los detenidos fueron sometidos a golpes, insultos, amenazas, humillaciones y tormentos psicológicos. Las prácticas incluían desde agresiones físicas reiteradas hasta castigos degradantes, privación de alimentos y restricciones arbitrarias de visitas.
Entre los episodios más graves documentados se encuentran hechos ocurridos en fechas precisas. El 15 de octubre de 2015, un detenido fue brutalmente golpeado tras su aprehensión. El 23 de diciembre de ese mismo año, una mujer detenida denunció haber sido víctima de acoso sexual sistemático, incluyendo la toma de fotografías manipuladas para su exhibición entre el personal policial.
El 31 de diciembre de 2015 se registró uno de los momentos más críticos: varios efectivos, bajo consumo de alcohol y estupefacientes, ingresaron a los calabozos, insultaron a las detenidas, las acosaron sexualmente y las intimidaron con pirotecnia. La situación fue descripta como un escenario de total descontrol institucional.
Otro hecho de extrema gravedad ocurrió el 18 de enero de 2016, cuando un detenido fue sometido a una golpiza, picana eléctrica, desnudez forzada y tormentos humillantes, incluyendo la instigación a otras personas detenidas para que participaran en las agresiones bajo amenaza.
Finalmente, el 3 de marzo de 2016, durante una inspección del Comité contra la Tortura, se habría intentado coaccionar a las víctimas para que no relataran lo ocurrido.
El debate oral se desarrolla bajo el sistema de juicio por jurado, mecanismo previsto en la provincia de Buenos Aires para delitos graves. En este esquema, doce ciudadanos tienen la responsabilidad de determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados, mientras que la jueza técnica se encarga de las cuestiones jurídicas y de fijar la pena en caso de condena.
Este martes 21 de abril de 2026, la jueza Cecilia Sanucci brindó las instrucciones finales al jurado, paso previo a la deliberación que actualmente se encuentra en curso. En esta instancia, los jurados deben analizar la prueba producida durante el juicio —testimonios, pericias, documentación— y arribar a un veredicto.
La ley establece dos posibles desenlaces: Si el jurado dicta un veredicto de no culpabilidad, los acusados quedan automáticamente absueltos y no pueden volver a ser juzgados por los mismos hechos, en virtud del principio constitucional de “non bis in idem”. La decisión es definitiva y no admite revisión en perjuicio del imputado.
En cambio, si el jurado emite un veredicto de culpabilidad, corresponde a la jueza técnica fijar la pena en una audiencia posterior. Para ello, se abre una nueva etapa donde las partes discuten la calificación legal definitiva y el monto de la sanción, en función de los delitos probados.
Este esquema otorga al veredicto popular un peso determinante, ya que define el destino procesal de los acusados.
El juicio no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también poner bajo análisis prácticas arraigadas dentro de fuerzas de seguridad. La fiscalía sostiene que los hechos investigados no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón de conducta institucionalizado.
En ese sentido, la causa presenta similitudes con antecedentes recientes en la misma dependencia policial, donde otros efectivos ya fueron condenados por hechos de violencia contra detenidos. Este contexto refuerza la hipótesis acusatoria de una lógica de funcionamiento basada en el abuso de poder.
Durante el proceso, declararon testigos que describieron situaciones de extrema vulnerabilidad, con relatos coincidentes sobre golpizas, amenazas, abusos sexuales y humillaciones. También se incorporaron pruebas médicas, psicológicas y documentales que respaldan las denuncias.
La defensa, por su parte, intentó desacreditar algunos testimonios y cuestionó la valoración de la prueba reunida durante la instrucción.
Con el jurado deliberando, el caso entra en su tramo final. La expectativa es alta tanto en el ámbito judicial como en organismos de derechos humanos, que siguen de cerca el desarrollo del juicio.
El veredicto que surja de esta instancia no solo impactará en la situación de los siete policías acusados, sino que también podría consolidar criterios en materia de juzgamiento de la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires.
El proceso iniciado con la investigación de la fiscal Virginia Bravo y sostenido en el debate oral por el fiscal Juan Pablo Caniggia llega así a una definición clave, con la sociedad —representada en el jurado— como protagonista central en la administración de justicia.
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