Desde el año 2014 que el ex ministro de la Producción bonaerense Cristian Breitenstein intenta quedar fuera del alcance del brazo de la ley. Ese año en la Justicia Penal de La Plata comenzó a investigarse un millonario fraude económico en perjuicio del Astillero Río Santiago (ARS), hecho por el que ya hay varios condenados.
La maniobra era una de las típicas defraudaciones. Se generaban contratos, sus titulares nunca se enteraban y los haberes mensuales eran cobrados por ex funcionarios del astillero naval ubicado en Ensenada.
Desde el inicio de la causa aparecieron indicios de su presunta participación en la maniobra. En su declaración indagatoria el ex titular del ARS, Héctor Scavuzzo, uno de los condenados, asestó contra su jefe político al sostener que Breitenstein se presentaba "en persona" para llevarse los sueldos de empleados fantasmas.
Breitenstein, por su parte, negó en aquella oportunidad estar comprometido e indicó que en su función como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología estaban bajo su órbita las áreas de Industria, Minería, Comercio, Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales, PyMEs, Puertos, Fogaba y Astillero Río Santiago.
Pero en el único juicio oral del caso, uno de los condenados como partícipe secundario, en su declaración sostuvo que tras su detención intentó comunicarse con Breitenstein, pero nunca recibió respuestas: “Lo llamé al ministro, le envié varios mensajes y nunca me atendió”. También señaló el blindaje mediático que tuvo el exfuncionario sciolista al rememorar que mientras “salía en la tapa de los diarios, esposado, al ministro no lo nombraban”.
Por esta causa fueron condenados Scavuzzo junto a Rodolfo Elisetch (excoordinador de sueldos y jornales), el exgerente general Julio Borovik, el exsecretario de presidencia, Oscar Borcerio, el empresario Roberto Fiocca y el ex Jefe de Gabinete del ministerio de la Producción, Andrés Ombrosi.
Breitenstein fue investigado en un desprendimiento de la causa principal. Nueve años después el expediente fue elevado a juicio oral, pero para el debate (si es que se hace) falta todavía.
La causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astilleros.
La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades.
Cabe señalar que Scavuzzo, el entonces titular de Astilleros, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de no cometer delitos ni entorpecer la investigación.
Los otros aprehendidos, considerados por la Justicia como “colaboradores necesarios” fueron el Coordinador de Sueldos y Jornales y Personal Superior, Rodolfo Guillermo Elisetch, el Secretario de Presidencia, Oscar Borcerio, y del por entonces Gerente General, Julio Borovik, entre otros.
Los investigadores descubrieron que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de "indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde".
La justicia consideró que hay "indicios vehementes y semiplena prueba" del delito de peculado cometido "entre al menos los meses de enero de 2012 y diciembre de 2013" y la estafa al erario bonaerense se realizó mediante la "liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero", por la suma total de $16.100.478.
Una vez efectuada la liquidación -afirmó el fiscal en la instrucción de la causa-, las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de ARS, y sustraídas por Elisetch, uno de los imputados.
"Para poder llevar a cabo esta maniobra, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo (diseñado unos meses antes de la asunción del presidente aquí imputado), por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de Personal Superior en un único área, la oficina de Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior", se detalla en un tramo del expediente.
El final del recorrido es la liquidación del dinero, que se pagaba en efectivo, a diferencia del resto de la administración pública, que está bancarizada, de manera "inexplicable", según escribió el fiscal Jorge Paolini.
"Inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero (cerca de dos millones de pesos mensuales, en ese entonces el valor del dólar oficial era inferior a $10) en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia -en camión de caudales- hasta el Astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva", consideró.
En septiembre de 2017 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ordenó que Scavuzzo, deberá reintegrar más de 90 millones de pesos al Estado provincial. La decisión del Tribunal de Cuentas se dio tras detectar irregularidades por gastos ocasionados en esa empresa durante su gestión, en una causa iniciada por "peculado".
"Es importante lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas de la provincia", expresó entonces Paolini a la agencia Télam, e indicó que esa decisión corrobora "todas las pruebas recolectadas" durante su pesquisa.
"Ya había comprobado que Scavuzzo hizo gastos que no correspondían. Le había imputado que realizaba gastos del Astillero para uso personal, como pagar alojamientos o cenas que no correspondían a su función", resaltó el fiscal.
El Tribunal de Cuentas de la provincia auditó todos los movimientos contables registrados durante la gestión de Scavuzzo, y detectó una serie de "irregularidades", como gastos personales hasta la liquidación de sueldos a empleados "ñoquis", que en algunos casos ascendían a unos $400 mil por año.
Se detectaron irregularidades por $90.779.046, que Scavuzzo deberá restituir "para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal".
La disposición del Tribunal de Cuentas también alcanza al excoordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros, Rodolfo Elisetche, y en el fallo de más de 100 fojas, el organismo destacó "gastos con faltante de documentación de respaldo".