Un informe de Vialidad provincial sobre un tramo de la Ruta 11 puede convertirse en una prueba determinante en el juicio oral a Cristian Ricardo Bellinteni, acusado de atropellar y matar a Cristina Liliana Figueroa, de 35 años, y a su hija Wendy Ailén Gramajo, de 7, en el límite de La Plata y Berisso.
El documento deberá establecer las características del tramo de la Ruta 11 donde ocurrió la tragedia, si estaba considerado zona urbana, qué señalización existía y cuáles eran las velocidades máximas permitidas.
El relevamiento es esperado por las partes para terminar de definir sus posiciones antes de los alegatos. La discusión no es menor: durante la primera jornada del debate, los peritos accidentológicos determinaron que el Toyota Corolla conducido por Bellinteni impactó a las víctimas a una velocidad mínima de 65,42 kilómetros por hora y sin que se registraran huellas de frenado.
El dato deberá ser contrastado con la información oficial sobre las condiciones de circulación en el lugar del hecho, a la altura de la calle 609. La representación de los particulares damnificados sostiene que se trataba de un sector urbano donde la velocidad máxima era de 60 kilómetros por hora. Sin embargo, ese extremo todavía debe ser respaldado por el informe de Vialidad.
Cristina y Wendy, vícitmas fatales del accidente en Ruta 11
El juicio se desarrolla ante el Juzgado Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de la jueza Belén Piccone. La audiencia para escuchar los alegatos podría realizarse el 17 de noviembre, si el informe llega a tiempo, o pasar al día siguiente.
Las pericias establecieron una velocidad mínima de 65 km/h
Durante la primera jornada del debate declararon especialistas que intervinieron en la reconstrucción del accidente. Las pericias oficiales establecieron que el automóvil embistió a Cristina y Wendy a una velocidad mínima de 65,42 kilómetros por hora.
Según la información expuesta durante el juicio, incluso el perito de parte de la defensa coincidió en que la velocidad de impacto no había sido inferior a los 65 kilómetros por hora.
Imágenes del vehículo que atropelló a la mujer y su hija en La Plata incorporadas a la causa.
Otro elemento relevante fue la ausencia de frenado previo al atropellamiento. Los especialistas describieron que no se detectaron huellas que permitieran establecer una maniobra de detención antes del impacto. También se incorporaron los relevamientos planimétricos y las pericias realizadas sobre el automóvil.
Las condiciones de visibilidad tampoco aparecieron como un factor que hubiera impedido advertir la presencia de las víctimas. De acuerdo con los testimonios periciales, no había neblina y las condiciones del lugar permitían una correcta visualización.
La reconstrucción estableció además que los cuerpos de las víctimas quedaron aproximadamente a 25 metros del punto de impacto, mientras que el vehículo terminó detenido a unos 65 metros.
La defensa presentó su propio perito, quien planteó diferencias respecto de algunos aspectos de la mecánica del accidente y la trayectoria del automóvil. Sus conclusiones fueron cuestionadas por la representación de la familia, que objetó que el especialista se pronunciara sobre cuestiones que excedían los puntos técnicos para los que había sido convocado.
Las víctima tuvieron pocos minutos de sobrevida debido a la brutalidad del impacto.
La muerte de Cristina y Wendy camino a la escuela en Barrio Hipódromo
El hecho ocurrió el miércoles 14 de junio de 2023, minutos antes de las 7.10, en la intersección de la Ruta 11 y la calle 609, en el límite entre La Plata y Berisso.
Cristina Figueroa y su hija Wendy caminaban hacia la parada de colectivos para viajar hasta la Escuela N° 7, en Barrio Hipódromo, donde concurría la nena. Vivían en la zona de 612 y 124 y debían recorrer aproximadamente un kilómetro para tomar el colectivo de la línea Este, ramal 16.
En esas circunstancias, fueron embestidas por un Toyota Corolla conducido por Bellinteni. Ambas sufrieron lesiones gravísimas y murieron como consecuencia del impacto. Las autopsias determinaron que Cristina falleció por un shock traumático e hipovolémico, mientras que Wendy murió por un traumatismo craneoencefálico grave.
El abogado Matías Pietra Sanz representa a los padres y abuelos de las víctimas.
AGLP
La investigación reunió pericias accidentológicas, relevamientos del lugar, fotografías, croquis, informes médicos y estudios forenses. El expediente llegó a juicio con una acusación por doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la pluralidad de víctimas, prevista en el artículo 84 bis del Código Penal.
Dos posiciones diferentes sobre la condena a pedir
En el comienzo del debate también quedó expuesta una diferencia entre la fiscalía y la representación de los familiares de las víctimas. Según fuentes judiciales, la fiscal Silvina Langone sostendría una acusación por homicidio culposo y pediría una pena de ejecución condicional. En cambio, el abogado Matías Pietra Sanz, quien representa a los padres de Cristina y abuelos de Wendy como particulares damnificados, buscará sostener la figura agravada, que contempla una expectativa de hasta seis años de prisión.
La familia rechazó un acuerdo económico que contemplaba el cierre de la causa penal mediante una salida alternativa menos gravosa para Bellinteni, quien es empleado de una aseguradora y está asistido por el abogado Carlos Nosenzo.
Belén Piccone la jueza a cargo de emitir el veredicto del caso.
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"Ellos están rotos y solo les interesa que haya justicia. No el dinero", había explicado Pietra Sanz al fundamentar la decisión de sus representados de llegar hasta el juicio oral.
Ahora, la expectativa está puesta en el informe de Vialidad. La documentación deberá aportar precisiones sobre la condición urbana o no del tramo, la señalización existente y los límites de velocidad aplicables. Con esa información, las partes podrán completar sus alegatos y formular los pedidos de pena.
Si el documento está disponible, la audiencia se realizará el 17 de noviembre. De lo contrario, pasará al 18. La jueza Belén Piccone deberá escuchar las conclusiones de la fiscalía y de los particulares damnificados antes de resolver la responsabilidad penal del acusado.