Cuatro agentes y una enfermera afrontan en La Plata una nueva etapa de sus defensas. Están acusados de presuntas torturas y abusos sexuales en la Unidad 51.
La investigación por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena tendrá esta semana una serie de movimientos importantes en las defensas de los penitenciarios detenidos en La Plata. Está previsto que declare Raquel Noemí Boccardo, enfermera del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien será asistida por el abogado Cristian González.
También declararán las agentes Gisela Mailin Iguarán, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz y el bombero Juan Antonio Juanena, todos representados por el abogado Gastón Jesser.
En el caso de Juanena, la defensa pone especialmente el foco en el tiempo que el uniformado permaneció en uno de los sectores donde, según la acusación, se produjeron los hechos investigados. De acuerdo con su planteo, estuvo apenas 40 segundos en ese lugar y esa breve presencia es uno de los elementos que la Justicia tomó en cuenta para mantenerlo detenido.
Las declaraciones forman parte de la estrategia defensiva de los acusados, luego de que inicialmente los 15 penitenciarios detenidos optaran por guardar silencio durante las indagatorias.
Este medio accedió a documentos judiciales de la investigación. Dos acusados se despegan de las imputaciones y dan sus versiones de lo denunciado en Magdalena.
Para entender el expediente hay que remontarse al 3 de junio de 2026, cuando se produjo una pelea entre dos internas de la Unidad 51 de Magdalena. A partir de ese episodio ingresó un grupo de agentes penitenciarios a uno de los pabellones y se inició el procedimiento que posteriormente derivó en una denuncia penal de extrema gravedad.
Cinco mujeres privadas de la libertad denunciaron haber sufrido golpes, torturas, utilización de gas pimienta, esposamientos, desnudez forzada, amenazas, privación de agua y alimentos y abusos sexuales.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino como organismo de prevención de la tortura y relevó los testimonios de las denunciantes, además de documentar lesiones y otros elementos vinculados con lo ocurrido.
Los relatos incluyeron acusaciones contra integrantes del personal penitenciario, autoridades de la unidad, miembros del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal del área de sanidad.
La situación volvió a agravarse dos días después, cuando las detenidas realizaron una protesta para denunciar lo ocurrido y fueron reprimidas. La CPM registró nuevas personas afectadas y cuestionó, además, algunos de los informes médicos confeccionados después de los episodios.
A partir del avance de la investigación, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, ordenó la detención de 15 personas. La lista está integrada por Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena. La investigación está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11 de La Plata.
La imputación contempla los delitos de tortura en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones, como autores y/o partícipes necesarios.
Entre los detenidos hay personal con distintas funciones dentro del penal. La pesquisa busca establecer qué hizo cada uno durante el operativo y cuál fue su eventual grado de responsabilidad.
Las nuevas declaraciones marcan un cambio respecto de la primera decisión adoptada por los acusados. Cuando fueron llamados a indagatoria por Garganta, los 15 penitenciarios se negaron a declarar. Esa decisión forma parte del derecho de defensa y no puede ser considerada una admisión de los hechos ni utilizada por sí misma como prueba de culpabilidad.
Ahora algunos de los imputados decidieron brindar su versión de los acontecimientos. En ese contexto, las defensas buscarán delimitar el rol concreto que tuvo cada uno durante el procedimiento investigado.
El caso de Juanena aparece como uno de los puntos que deberá ser analizado a partir de su declaración: su abogado sostiene que su permanencia en el sector donde se habrían cometido los delitos fue de apenas 40 segundos y cuestiona que esa presencia alcance para vincularlo con los hechos que se investigan.
En tanto, la declaración de Boccardo, quien se desempeñaba como enfermera, permitirá conocer la explicación que dará sobre su actuación y sobre las acusaciones vinculadas con la atención médica de las internas después del operativo.
También comenzarán a declarar Iguarán, Orona y Ortiz, asistidas por Jesser, en una semana que puede aportar nuevos elementos para definir la situación procesal de los 15 acusados.
Por el momento, la investigación continúa bajo la conducción de Garganta y con los penitenciarios detenidos a disposición de la Justicia. Las declaraciones de esta semana serán ahora una pieza más del expediente en el que deberá determinarse qué ocurrió en la Unidad 51 de Magdalena y, especialmente, qué responsabilidad concreta tuvo cada uno de los agentes que quedó bajo investigación.
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