El oficialismo de La Plata impulsó una norma para registrar a repartidores y apps, pero desde el PRO aseguran que ya fue aprobada en 2022 y acusan uso político.
Un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata que busca regular la actividad de los repartidores de deliverys fue tema de discusión entre el PRO y Unión por la Patria. La iniciativa fue presentada por el oficialista Cristian Vander y apunta a formalizar la tarea de los trabajadores de apps como Pedidos Ya y Rappi.
El proyecto en cuestión propone crear un registro municipal de plataformas, trabajadores y vehículos, además de exigir condiciones laborales mínimas y seguros obligatorios. Desde el oficialismo aseguran que la medida cuenta con el apoyo de cooperativas del sector y de la CGT Regional, y que busca cubrir un vacío legal existente en la provincia.
Sin embargo, la propuesta generó una dura respuesta desde el bloque del PRO. El concejal Nicolás Morzone criticó al oficialismo y sostuvo que la ordenanza “ya fue aprobada por unanimidad” en 2022, durante la gestión de Julio Garro, e incluso con votos del propio bloque de Vander.
“El Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del kirchnerismo denota una ignorancia manifiesta de nuestra legislación vigente”, sostuvo duramente Morzone en su cuenta de X (ex Twitter), donde también recordó que “las apps de trabajo de repartidores ya fueron legisladas por Ordenanza en el 2022” y que la normativa está vigente, aunque “esta administración jamás la aplicó”.
En el mismo posteo, donde el edil cita la nota de 0221.com.ar, el edil del PRO remarcó que “el mismo Concejal que presentó este proyecto es el que me acusó de hacer campaña política la sesión pasada por presentar una ordenanza para regular las apps de transporte urbano como Uber, Didi y Cabify”. Y cerró con una serie de preguntas irónicas: “¿Quién está en campaña? ¿Quién defiende monopolios? ¿Para quién legislan?”.
La nueva iniciativa presentada por Vander establece un registro obligatorio de repartidores, plataformas y vehículos, exige la contratación de seguros, condiciones laborales mínimas y sanciones para quienes incumplan. También busca que las apps tengan domicilio legal en la ciudad y canales formales de atención al usuario.
El oficialismo insiste en que la regulación es clave para garantizar derechos laborales y seguridad, mientras que la oposición advierte que se trata de una maniobra política en pleno año electoral. El debate seguirá en las comisiones del Concejo, donde se espera una discusión intensa sobre la validez, alcance y aplicación de la norma.
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