Amenazas en escuelas, violencia y crisis social ponen el foco en políticas públicas de niñez, salud mental y juventud, con reclamos por respuestas urgentes.
La ola de amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la provincia de Buenos Aires reavivó el debate sobre la violencia, la niñez y las políticas públicas. Especialistas advierten que la crisis social, la salud mental y la precarización juvenil exigen respuestas integrales y urgentes más allá de lo punitivo.
En ese marco, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostienen que se trata de emergentes de una situación social crítica que atraviesa al país y el mundo, en un contexto donde proliferan discursos violentos y de odio, al mismo tiempo que se profundizan condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.
Los concejales de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para que el cuerpo tome postura sobre las amenazas de tiroteo que mantienen a la ciudad en alerta.
Ya son 50 las denuncias por amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la región. La Justicia unificó la investigación en una sola fiscalía.
Según se plantea, la respuesta estatal no debería limitarse a la búsqueda de responsables individuales, ya sean estudiantes, docentes o familias. Por el contrario, remarcan que un enfoque exclusivamente punitivo no solo resulta insuficiente, sino que puede agravar el problema.
En paralelo, consideran necesario investigar el origen de las amenazas, incluyendo las posibles usinas ideológicas y políticas que las impulsan, pero sin perder de vista la necesidad de medidas estructurales que aborden la crisis de las políticas de cuidado y protección.
"Los sectores juveniles y de la infancia son de los más alcanzados por la crueldad y brutalidad de este presente. La precarización de la vida material y cultural, la trama de violencias vertebradas por la pobreza, las políticas públicas que no se hacen cargo de la profundidad de sus padecimientos, enmarcados en discursos estigmatizantes, de odio y frustración, es lo que se expresa hoy en estos hechos", indica el comunicado de la CPM.
En esa línea, aseguran que experiencias como el Programa Jóvenes y Memoria vienen advirtiendo sobre problemáticas como la depresión, el trabajo infantil, las relaciones violentas y la violencia institucional, configurando una agenda que, según destacan, debería ocupar un lugar central en las políticas públicas.
Frente a este panorama, desde la CPM se insiste en la necesidad de fortalecer las políticas destinadas a la niñez y la juventud, con presupuestos adecuados para abordar la salud mental, los consumos problemáticos y la generación de oportunidades reales de inclusión.
Asimismo, se plantea la importancia de crear espacios de contención y acompañamiento que permitan a los jóvenes proyectar un futuro con mejores condiciones, evitando respuestas espasmódicas que no logran resolver el trasfondo del problema.
Finalmente, advierten que ante problemáticas sociales complejas, una respuesta centrada únicamente en el castigo tiende a profundizar el malestar, por lo que reclaman medidas claras, sostenidas y estructurales que apunten a revertir las condiciones que originan estos hechos.