La Justicia de La Plata procesó a Hugo, Gastón y Juan Manuel Mazzacane por evasión tributaria e insolvencia fiscal y confirmó embargos tras la denuncia de ARCA.
La Justicia Federal de La Plata procesó a integrantes del clan Mazzacane por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta detectada por la agencia de recaudación ARCA en una causa que investiga un entramado societario para eludir impuestos. El expediente incluye embargos millonarios y alcanza a la firma Quilmes Tolosa y sociedades vinculadas.
La causa que sacude a un sector del empresariado platense tiene en el centro a la familia Mazzacane, vinculada tanto al negocio de la distribución de bebidas como al automovilismo nacional. El avance judicial alcanzó a Hugo Mazzacane, a sus hijos Gastón y Juan Manuel y a otros directivos y sociedades que integran el grupo económico investigado.
El procesamiento fue dictado por el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, por pedido de la fiscal federal María Laura Roteta. En total, son cinco las personas humanas alcanzadas -entre ellas Mónica Videla y Eduardo Gómez- además de varias firmas, con Quilmes Tolosa S.A. como eje central.
Hugo Mazzacane es uno de los nombres más relevantes del expediente. Empresario del rubro cervecero y figura reconocida del automovilismo, se desempeña como presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), entidad que organiza una de las categorías más populares del país.
También fue procesado Gastón Mazzacane, vicepresidente de la ACTC y expiloto de automovilismo, con trayectoria en el Turismo Carretera y paso por la Fórmula 1. Ambos aparecen señalados como parte del núcleo de decisiones dentro del entramado empresarial bajo investigación.
La lista se completa con Juan Manuel Mazzacane, quien también integra el grupo familiar involucrado en las sociedades investigadas. Junto a ellos fueron procesados Mónica Videla y Eduardo Gómez, todos considerados coautores de los delitos de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
Según la resolución judicial a la que accedió 0221.com.ar, el perjuicio al fisco nacional asciende a $3.965.225.508, cifra que ubica el caso entre los más relevantes en materia de criminalidad económica en la región.
La investigación gira en torno a Quilmes Tolosa S.A., distribuidora ubicada en calle 34 entre 120 y 121, en el Barrio Hipódromo de La Plata. La firma, fundada en 1964 según su propia información institucional, se presenta como distribuidora oficial de Cervecería y Maltería Quilmes y abastece a La Plata, Ensenada y Berisso.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el grupo habría montado un entramado de sociedades para canalizar operaciones, registrar activos y desviar fondos, con el objetivo de reducir la carga tributaria y dificultar la fiscalización estatal.
Entre las maniobras detectadas se incluyen la utilización de contabilidad paralela, la omisión de registrar ventas, la transferencia de bienes a otras empresas del grupo y la continuidad de la actividad comercial a través de estructuras alternativas.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento del grupo económico y avanzó con allanamientos en domicilios y sedes comerciales.
Durante esos procedimientos, realizados con intervención de la Policía Federal, se secuestró documentación contable, societaria y financiera, además de dinero en efectivo considerado relevante para la causa.
Para la Justicia, el esquema habría funcionado durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con un objetivo central: generar o agravar la insolvencia de la firma principal para evitar el pago de impuestos. En esa línea, el juzgado ratificó embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, con el fin de garantizar el recupero de activos y el eventual cobro de la deuda tributaria.
El monto total de la maniobra investigada ronda los $4.000.000.000 y supera ampliamente los umbrales previstos por la ley N°27.799 de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025, por lo que el caso no queda alcanzado por esa normativa.
La empresa ya había sido investigada en 2014, cuando la entonces AFIP allanó sus instalaciones por no declarar ventas por más de $30.000.000, lo que habría generado una evasión superior a los $16.000.000 en IVA y Ganancias.
En aquel operativo se detectó el uso de un software que permitía la registración marginal de operaciones y se secuestraron equipos informáticos y documentación contable correspondiente a los períodos 2011 a 2013. Ese antecedente aparece ahora como un punto de conexión en una investigación mucho más amplia, que busca determinar el alcance total de un esquema que, según la Justicia, habría evolucionado y se habría sofisticado con el paso de los años.
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