La crisis que atraviesa el transporte público tiene a mal traer a millones de usuarios de La Plata y el país. Luego del aumento del 45% aplicado el 15 de enero, el Gobierno nacional dispuso otra fuerte suba para febrero, pero la iniciativa fue frenada por una medida cautelar. Las empresas alegan que la escases de ingresos -propiciada por la falta de actualización del precio del boleto en relación a los costos- les impide llegar a un acuerdo salarial con los choferes, que amenazan con hacer paro.
Cuatro días después de efectivizar el aumento de enero, la Secretaría de Transporte de la Nación convocó a una segunda audiencia pública para definir el nuevo cuadro tarifario para micros y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la intención de aplicar una suba de entre el 250 y 251% en colectivos y de hasta el 350% en trenes a partir del 1° de febrero.
La audiencia pública, el último paso formal para aplicar las subas, fue realizada formalmente a través del Boletín Oficial, donde se expresaban los valores a los que el Ejecutivo nacional buscaba llevar los boletos. En dicha comunicación también se informó que la nominalidad de la SUBE pasará a ser obligatoria y que quienes no la cumplan, pagarán casi el doble por boleto en el caso de los micros y más del doble para los trenes. En tanto, fuentes empresariales indicaron a 0221.com.ar que hasta este martes, a dos días de la entrada en vigencia del aumento, no tienen confirmación si se aplicará o no.
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Hay incertidumbre entre los usuarios de micros de La Plata respecto de qué pasará con el boleto de micro en febrero.
Si bien aún resta que se confirmen los valores de los aumentos, en caso de que se apliquen tanto en La Plata como la región, serían los siguientes:
COLECTIVOS
- De 0 a 3 km: pasará de $83,77 a $294,05
- De 3 a 6 km: aumenta de $91,45 a $321,01
- De 6 a 12 km: sube $98,96 a $347,36
- De 12 a 27 km: pasará de $105,98 a $372
- Más de 27 km: sufrirá un incremento de $111,8 a $392,53
Quienes no hayan registrado las SUBE a su nombre deberán pagar sumas más altas:
- De 0 a 3 km: $468,30
- De 3 a 6 km: $511,24
- De 6 a 12 km: $553,20
- De 12 a 27 km: $592,44
- Más de 27 km: $625,14
TRENES
Se unificarán las tarifas que rigen en toda el área metropolitana y desaparecerán las diferencias por línea actuales.
- Tramo 1 (hasta 12 kilómetros): irá de $37,70 a $132,32.
- Tramo 2 (de 12 a 24 km): pasará de $41,16 a $144,45.
- Tramo 3 (más de 24 km): subirá de $44,53 a $156,31.
Cabe destacar que quienes no tengan tarjeta SUBE y adquieran sus tickets en efectivo a través de las ventanillas de las estaciones, deberán pagar una tarifa plana de $420. En tanto, se mantendrá la tarifa social para jubilados y beneficiarios de planes sociales, que pagan solo el 45% del precio total del pasaje.
LA MEDIDA CAUTELAR QUE FRENÓ EL AUMENTO DE FEBRERO
El 25 de enero, la Justicia Federal suspendió la audiencia pública dispuesta por el Gobierno para definir el aumento de los boletos de micros y trenes. El fundamento de la decisión fue la falta de un “adecuado procedimiento” de la participación ciudadana.
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Tanto en micros como en trenes, se mantendrá la tarifa social para jubilados y beneficiarios de planes sociales.
La medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo interinamente del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fue en respuesta al planteo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien cuestionó la metodología de la audiencia pública planteada por la administración de Javier Milei, que consiste en expresarse mediante un comentario en la web del sitio Mi Argentina.
Gray sostuvo que “es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizás un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación". Además añadió que “no se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”.
La medida cautelar suspende los efectos del procedimiento de la consulta pública “por el plazo de cinco días, tiempo durante el cual se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana”. Dicho plazo vence este martes.
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El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 3 de Lomas de Zamora, dispuso la suspensión del aumento del boleto.
Cabe destacar que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, apeló el lunes 29 la medida cautelar. Para saber en qué resultará la apelación o si se realizará la audiencia pública tras el vencimiento de la medida cautelar, habrá que esperar a los nuevos acontecimientos que se den en las próximas horas.
EL RECLAMO SALARIAL DE LOS CHOFERES Y LA AMENAZA DE PARO
A los aumentos y la puja por su implementación se suma, además, el reclamo de los choferes de micros, representados por la Unión Tranviario Automotor (UTA) y la amenaza latente de un paro en caso de no arribar a una solución.
El 27 de enero, sin una nueva pauta salarial, la UTA informó que iba a volver a reunirse con las cámaras empresarias del sector para continuar la paritaria mientras analiza avanzar con un nuevo paro de micros. La reunión estaba pactada para el 29 de enero pero, para sorpresa de los sindicalistas, no se concretó.
“Los trabajadores del transporte nos encontramos sorprendidos el día de hoy por la renuncia del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, por lo que nuevamente no tenemos con quién dialogar y la Secretaría de Transporte no cuenta con funcionarios para resolver nuestros reclamos”, informó la UTA en su cuenta de Facebook. Ante ese panorama, los trabajadores se declararon en “Estado de alerta” y adelantaron que la situación “indefectiblemente nos conducirá a medidas de fuerza”.
En concreto, los empleados del transporte piden un sueldo básico de $777.700 en enero y $972.125 en febrero más el pago de una suma extra y no remunerativa de $126.921 y otros $73.800 al mes en concepto de viáticos. Las empresas, por su parte, manifestaron su incapacidad de solventar los costos ante la falta de garantías por parte de la Nación y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con respecto al envío de los fondos compensatorios que solicitan para cubrir esa actualización salarial.
