Piden apartar a la fiscal del caso "Bigotito" en Brandsen por posibles irregularidades en las pruebas

Los defensores del hombre absuelto por el caso "Bigotito" solicitaron que la fiscal de Brandsen sea apartada por posibles interferencias en la investigación.

Los abogados de Matías Ezequiel Rival, el hombre que fue condenado y luego absuelto por el supuesto robo de un ternero llamado "Bigotito" en la localidad de Brandsen, pidieron apartar durante 90 días a la fiscal Mariana Albisu, por posibles interferencias en la investigación.

El pedido fue presentado por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez. Los letrados solicitaron la suspensión preventiva de Albisu, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Brandsen.

La defensa de Rival busca que la funcionaria deje temporalmente su cargo mientras se investigan los cuestionamientos a su desempeño. Los abogados sostienen que su continuidad podría afectar la investigación porque todavía dirige actuaciones relacionadas con el mismo caso y tiene acceso a documentación y personal involucrado.

Las claves del caso "Bigotito" en Brandsen

La causa comenzó con la desaparición de un ternero de pocos días de vida perteneciente al tambo de la familia Pini, ubicado en Brandsen. El animal, que posteriormente recibió el nombre de "Bigotito", fue encontrado aproximadamente una semana después en el campo del productor agropecuario Marcelo Niclicepe, donde intervino la Policía.

El caso del ternerito "Bigotito" sigue escribiendo páginas en la Justicia de La Plata

El trabajador rural Rodolfo Gómez denunció la desaparición y declaró posteriormente que al principio había pensado que el animal se había escapado. Días después supo que una persona había publicado una fotografía del ternero en un estado de WhatsApp, donde presuntamente lo ofrecía para la venta.

Marcelo Niclicepe señaló a Martín Rival, quien aseguró que había encontrado al ternero abandonado. Según declaró, lo encontró "echadito" en una zanja ubicada sobre la denominada calle de los tambos, un camino de tierra cercano a la tranquera del campo de la familia Pini.

Dijo que cargó al animal en una moto y lo llevó hasta su casa. Después habló con su hermano Matías y, con autorización de Marcelo Niclicepe, trasladaron al ternero hasta el establecimiento rural donde finalmente fue encontrado por la Policía.

El pedido fue presentado por los abogados ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia

Rival aceptó inicialmente un juicio abreviado mientras tenía defensa oficial y recibió una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria. Sin embargo, sus nuevos abogados cuestionaron la sentencia y consiguieron que fuera revisada.

El 9 de diciembre de 2025, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la condena y ordenó realizar otro juicio. Los jueces advirtieron que la sentencia no explicaba adecuadamente cómo había ocurrido el supuesto robo ni establecía una relación suficiente entre las pruebas reunidas y la responsabilidad atribuida al acusado.

¿Qué sucedió en el segundo juicio?

Se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, con la intervención del juez Lucas Massaccesi. Durante las audiencias, Matías negó haber robado al ternero y relató las consecuencias que había sufrido por la causa, especialmente durante los meses que permaneció privado de su libertad.

También declararon los policías Diego Etchepare, César Córdoba y Martín Torres, quienes aportaron información sobre el procedimiento. Los dos últimos afirmaron que el animal estaba en buenas condiciones cuando fue encontrado, mientras que Gómez había mencionado una lesión en una pata.

Finalmente, el fiscal Lucas Domski solicitó la absolución de Matías Rival al considerar que las pruebas no permitían demostrar su responsabilidad por el delito investigado. El juez Massaccesi aceptó ese planteo y lo absolvió. Sin embargo, durante el debate también surgieron nuevas hipótesis sobre la participación de su hermano.

Los cuestionamientos contra la fiscal Albisu

La investigación posterior quedó nuevamente bajo la responsabilidad de Mariana Albisu, quien impulsó imputaciones contra Claudio Martín Rival por abigeato agravado y contra Matías por encubrimiento agravado. Esta última decisión fue cuestionada por los defensores, que consideran que la acusación desconoce una excepción prevista en el Código Penal para determinados vínculos familiares.

La fiscal Mariana Albisu indagó a los hermanos Rival y los procesó por graves delitos

Los abogados citaron el artículo 277, inciso 4, que contempla situaciones en las que ciertos familiares pueden quedar exentos de responsabilidad penal por encubrimiento. Para la defensa, esa disposición debía ser considerada antes de avanzar contra Matías por su presunta intervención posterior al delito atribuido a su hermano.

La presentación también cuestiona distintas actuaciones realizadas durante la investigación. Entre ellas, los letrados mencionaron registros audiovisuales que no habrían sido incorporados al expediente, declaraciones policiales que dieron origen a una investigación por presunto falso testimonio y posibles irregularidades en la obtención y valoración de las pruebas.

Los defensores sostienen que estas circunstancias deben analizarse junto con la anulación de la primera condena y la posterior absolución. También advierten que Albisu mantiene facultades para dirigir la investigación relacionada con los hechos cuestionados, circunstancia que consideran un riesgo para el esclarecimiento de las denuncias presentadas en su contra.

¿Qué puede pasar con la fiscal?

La solicitud se apoya en el artículo 29 bis de la Ley 13.661, que contempla el apartamiento preventivo de magistrados y funcionarios denunciados. La medida puede disponerse por 90 días, con posibilidad de prórroga y revisión periódica, cuando existan fundamentos suficientes relacionados con la gravedad de los hechos o los riesgos para la investigación.

Los defensores pidieron que se analicen las resoluciones judiciales del caso, la documentación de las investigaciones y las denuncias anteriores. También solicitaron que, si se dispone la suspensión, la decisión sea comunicada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal para su aplicación durante el período establecido.

El apartamiento solicitado no constituye una sanción ni supone una declaración de responsabilidad contra Albisu. La decisión deberá ser evaluada por las autoridades competentes, que tendrán que determinar si existen fundamentos para suspenderla preventivamente mientras continúa el trámite de las denuncias presentadas por su actuación en la causa.

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