El nuevo detenido quedó procesado en La Plata tras negarse a declarar. Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenshlag siguen prófugos.
La investigación por la presunta organización que habría movido unos $27 mil millones sumó un nuevo capítulo con el procesamiento de Cristian Alejandro Scigliano, quien se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki y quedó formalmente vinculado a la causa que tramita en La Plata.
Scigliano fue detenido recientemente y su indagatoria había sido prorrogada para el viernes 11 de septiembre, pero finalmente optó por guardar silencio frente a la acusación. Con su procesamiento, la causa que tramita en la Justicia Penal tiene ahora a cuatro personas detenidas y procesadas, mientras los investigadores mantienen la búsqueda de otros dos sospechosos que permanecen prófugos.
El expediente investiga el funcionamiento de una presunta organización criminal que habría utilizado datos personales y biométricos de terceras personas para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar fondos de origen presuntamente ilegal. La hipótesis de la fiscalía sostiene que parte del dinero habría provenido del juego online clandestino y que luego habría sido distribuido a través de distintas cuentas para dificultar la identificación de su origen y destino.
El nuevo detenido estaría vinculado a la compraventa de automóviles en Mar del Plata. Tras su detención fue trasladado para cumplir con la indagatoria ante la fiscal Betina Lacki, pero decidió ejercer su derecho a no declarar. Esa decisión no impide que el proceso avance: la fiscalía continúa con la investigación de los movimientos financieros, las comunicaciones y el material secuestrado durante los allanamientos realizados en distintos puntos del país.
El procesamiento de Scigliano lo incorpora formalmente al grupo de acusados que, según la hipótesis investigativa, habría tenido diferentes funciones dentro de una estructura destinada a mover dinero mediante cuentas abiertas a nombre de terceros. La fiscalía intenta establecer ahora cuál habría sido específicamente su papel, qué vínculos tenía con los restantes acusados y qué operaciones pueden serle atribuidas dentro del circuito investigado.
El caso comenzó a tomar forma a partir de una denuncia que permitió detectar la utilización de datos personales y biométricos de personas vulnerables. La investigación sostiene que se ofrecía dinero a cambio de proporcionar documentación y someterse a procedimientos como el escaneo de ojos, con los que posteriormente se podían generar cuentas digitales. Una vez abiertas, esas cuentas habrían sido utilizadas para recibir y transferir grandes sumas de dinero.
La investigación mantiene un frente abierto con dos acusados que todavía no fueron detenidos: se trata de Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenshlag. La defensa de este último ya presentó un pedido de eximición de prisión y en esa presentación solicitó que se le informen los elementos de prueba que llevaron a ordenar su detención.
La estrategia tiene una particularidad: si la Justicia rechaza la eximición, pero le permite conocer las pruebas de cargo existentes en su contra, la defensa anticipó que Catriel se presentará espontáneamente ante las autoridades judiciales. Su planteo busca, de esa manera, evitar que permanezca indefinidamente en condición de prófugo y, al mismo tiempo, conocer cuál es la evidencia concreta que la fiscalía tiene reunida para vincularlo con la organización investigada.
La situación de Campoli Sillero es diferente por ahora. Permanece prófugo y no se conoció hasta el momento una presentación similar que modifique esa condición.
Los investigadores, mientras tanto, continúan trabajando sobre los dispositivos electrónicos y la información financiera secuestrada durante los procedimientos. Ese análisis podría permitir determinar nuevos movimientos, cuentas y eventuales participantes.
El otro capítulo central de la causa tiene como protagonista a Albertina Mangini, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense que permanece detenida y a quien la fiscalía le atribuye un supuesto papel en la captación de personas cuyos datos habrían sido utilizados para abrir cuentas digitales.
Mangini es defendida actualmente por Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina. Los nuevos abogados intentan modificar las condiciones de detención de la funcionaria y preparan una estrategia que incluye sus antecedentes de salud.
La defensa incorporó un resumen de historia clínica elaborado por su psiquiatra tratante, que acredita atención profesional desde 2018 y tratamientos a lo largo de los últimos años. Allí se describen antecedentes de ansiedad, alteraciones alimentarias y episodios de adelgazamiento. El diagnóstico consignado es de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno alimentario no especificado.
A ese documento se suma una pericia oficial realizada por profesionales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJ). Las trabajadoras sociales advirtieron que la trayectoria laboral de Mangini dentro de la Justicia penal, donde tuvo contacto con detenidos y sus familiares, podría colocarla en una situación de riesgo durante el encierro si no se adoptan las medidas de cuidado necesarias.
Para la defensa, ambos elementos forman parte de un mismo planteo: garantizar que Mangini pueda continuar con el tratamiento que, según la documentación presentada, realiza desde hace años y que pueda permanecer en condiciones adecuadas de seguridad.
En este contexto tendrá lugar una instancia relevante para determinar qué ocurrirá con la funcionaria. La defensa de Mangini y la fiscal Lacki tendrán una audiencia vinculada con la prisión preventiva de la acusada: allí se discutirá la situación procesal de la funcionaria y los argumentos de las partes respecto de su permanencia detenida.
La fiscalía sostiene la gravedad de la imputación y continúa analizando la evidencia reunida para determinar el alcance de la participación que le atribuye a la acusada dentro de la presunta organización. La defensa, en cambio, buscará que se tengan en cuenta sus condiciones personales y, especialmente, los informes médicos, psicológicos, psiquiátricos y sociales incorporados al expediente.
Entre esos elementos aparece la recomendación de las profesionales de la Suprema Corte para que se adopten medidas de cuidado. El informe no establece que Mangini deba cumplir arresto domiciliario, pero abre una discusión sobre si esas medidas pueden garantizarse dentro del establecimiento penitenciario. Si la defensa considera que no pueden cumplirse adecuadamente intramuros, ese argumento podría ser utilizado para insistir con una morigeración de la detención, que podría incluir el arresto domiciliario y permisos para continuar con el tratamiento médico.
La audiencia será, así, un nuevo punto de inflexión en una investigación que todavía tiene varios frentes abiertos: un nuevo procesado que eligió guardar silencio, dos sospechosos que permanecen prófugos y una funcionaria judicial cuya situación de detención será nuevamente discutida ante la Justicia.
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