El jurado popular dictó la no culpabilidad tras semanas de debate en La Plata en un caso que investigaba graves hechos ocurridos en una comisaría.
El juicio por jurado que se desarrollaba en La Plata por una serie de graves hechos de violencia institucional en la subcomisaría de Domselaar llegó a su desenlace: los siete policías acusados fueron declarados no culpables tras la deliberación del veredicto ciudadano.
La decisión fue tomada este martes, luego de que el jurado popular recibiera las instrucciones finales por parte de la jueza técnica Cecilia Sanucci y analizara la prueba producida a lo largo del debate oral.
El joven tiene 21 años, es de La Plata y escapó del Hospital Larrain tras haber sido atendido por golpes y una herida de arma blanca.
En el banquillo de los acusados estaban Juan José Fernández, Lucas Vizgarra, Cecilia Ballerini, Rodolfo Morales, Carlos Remusio, Carina Ponce y Jorge Rodríguez, quienes enfrentaban imputaciones por delitos de extrema gravedad.
Las acusaciones incluían vejaciones agravadas, severidades, torturas, apremios ilegales, abuso sexual, coacción y hurto agravado, entre otros hechos, todos en concurso y vinculados a su desempeño como personal policial.
El caso investigaba episodios ocurridos entre agosto de 2015 y marzo de 2016 en la dependencia policial de Domselaar, en el partido de San Vicente, donde la fiscalía sostuvo que existió un patrón sistemático de abusos contra personas detenidas.
La investigación original, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, había reconstruido una serie de hechos que incluían golpizas, amenazas, humillaciones, privación de alimentos y restricciones arbitrarias, además de situaciones de violencia sexual contra mujeres privadas de la libertad.
Entre los episodios más graves se mencionaron agresiones físicas reiteradas, el uso de picana eléctrica, desnudez forzada y presuntas prácticas degradantes dentro de los calabozos, incluso bajo consumo de alcohol y estupefacientes por parte de efectivos.
Durante el juicio, el bloque acusatorio —integrado por el fiscal Juan Pablo Caniggia y los abogados María Luz Santos Morón y Pedro Auzmendi— buscó acreditar estos hechos mediante testimonios, pericias y documentación. Con esta decisión de no culpabilidad, se cierra un caso que generaba fuerte expectativa en el ámbito judicial y de derechos humanos.