La Justicia centralizó la investigación por las amenazas en escuelas de La Plata: hay 50 denuncias y todos los identificados hasta ahora son menores.
La investigación por la creciente ola de amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la región dio un giro clave en las últimas horas cuando la Justicia decidió centralizar todas las denuncias en una sola fiscalía para ordenar el avance de los expedientes y acelerar la identificación de los responsables.
Según fuentes judiciales, ya se registraron cerca de 50 denuncias en pocos días en el marco de una seguidilla de episodios que obligaron a activar protocolos de emergencia, evacuar establecimientos y suspender clases en distintos puntos de la capital provincial, Ensenada y Berisso.
La medida central fue la unificación de las causas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien concentrará todas las denuncias del Departamento Judicial La Plata.
A partir de ahora, su fiscalía encabezará la investigación general: analizará los casos, coordinará las medidas y trabajará en el rastreo de los mensajes intimidatorios, muchos de los cuales fueron realizados a través de WhatsApp, redes sociales, escritos anónimos o incluso dentro de las propias escuelas. En paralelo, se definió que todos los casos en los que se identifique a menores de edad serán derivados a la fiscal de menores Carmen Ibarra, quien llevará adelante las causas correspondientes dentro del fuero juvenil.
En ese marco, fuentes del caso confirmaron que ya hay varios responsables identificados, pero hasta el momento todos son menores.
Con la investigación centralizada, los esfuerzos los investigadores están puestos en cuatro puntos centrales, siempre teniendo en cuenta que los hechos no son tomados como broma y son considerados delitos:
Una de las principales hipótesis es que existe un "efecto contagio" o conducta imitativa entre adolescentes, lo que explicaría la rápida expansión del fenómeno en distintos establecimientos. Esto se demuestra con el hecho de que las amenazas no se limitaron a una sola institución. En los últimos días se multiplicaron en toda la región: en La Plata se registró la mayor cantidad de casos, en Ensenada hubo al menos seis amenazas (cinco escritas y una por WhatsApp) y en Berisso se reportó un episodio con una nota que advertía un supuesto ataque junto a un arma de juguete.
En todos los casos se activaron protocolos que incluyeron evacuaciones, presencia policial y revisión de edificios, lo que alteró el normal funcionamiento escolar y generó preocupación en la comunidad educativa.
El episodio más grave ocurrió cuando un alumno asistió armado a un colegio, lo que elevó el nivel de alerta y obligó a reforzar controles. También hubo un allanamiento en la casa de otro estudiante de una escuela de Lisandro Olmos, que mostró en redes sociales las armas que pensaba llevar al aula.
En el ámbito judicial y de seguridad remarcaron que estos hechos no son bromas. Las amenazas encuadran en el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Las amenazas encuadran en el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión
El fenómeno también tiene un fuerte impacto operativo: cada amenaza implica el despliegue de móviles policiales, personal de seguridad y recursos que afectan al resto del sistema. Frente a este escenario, autoridades del Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantuvieron reuniones para coordinar una respuesta conjunta y reforzar la prevención.
Además, se insiste en la importancia de denunciar cualquier amenaza, incluso si parece menor, para activar los protocolos correspondientes.
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