Claudia Nievas denunció que estuvo meses en estado de indefensión y que no fue notificada de decisiones clave por la muerte de Lolo Regueiro.
La causa judicial por la muerte de César "Lolo" Regueiro, ocurrida durante el operativo policial en el estadio del Club de Gimnasia y Esgrima el 6 de octubre de 2022, suma nuevos planteos de la familia de la víctima. Se trata de un expediente en constante movimiento.
Claudia Alejandra Nievas, viuda del socio tripero y reconocida como particular damnificada en el expediente, reclama que se revise el sobreseimiento del ex titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Ricardo Aparicio.
Asistida por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, Nievas denunció que atravesó un prolongado período de indefensión procesal y que no fue notificada personalmente de decisiones relevantes de la causa, entre ellas la elevación a juicio y el sobreseimiento de Aparicio. Según expuso, tomó conocimiento de esas resoluciones a través de medios periodísticos.
La presentación también cuestiona las dificultades para acceder a los expedientes digitales y a las distintas incidencias tramitadas en los organismos judiciales. La mujer sostiene que esa falta de acceso le impidió conocer de manera completa el estado del proceso, controlar los plazos legales y ejercer oportunamente sus derechos como víctima indirecta.
El reclamo se suma a los planteos que la viuda ya había presentado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, donde cuestionó la competencia del Juzgado en lo Correccional N° 2 y dejó planteada su intención de recurrir ante instancias superiores.
Eduardo Aparicio fue sobreseído luego de una presentación de su abogado, Juan Di Nardo. Esa decisión ya se encuentra firme. Sin embargo, Nievas sostiene que no recibió una notificación válida que le permitiera conocer oportunamente la resolución y evaluar las vías de impugnación disponibles.
La viuda busca que se analicen las consecuencias de esa presunta falta de notificación y que se determine si existieron irregularidades que afectaron su intervención en el expediente. Su planteo no revierte por sí mismo el sobreseimiento ni implica que la Justicia haya dispuesto reabrir la discusión sobre la situación procesal del exfuncionario.
En ese contexto, la presentación reclama que se informe qué notificaciones se cursaron, a qué domicilios y en qué condiciones, para establecer si la particular damnificada tuvo una posibilidad efectiva de conocer las decisiones judiciales.
La discusión tiene una dimensión procesal central: Nievas sostiene que no pueden considerarse vencidos los plazos para recurrir resoluciones si no fue notificada conforme a derecho y si, además, atravesó un período sin asistencia técnica efectiva.
Otro de los ejes del planteo es la falta de acceso técnico e informático a los expedientes digitales. La nueva defensa de la viuda solicita que se otorguen las autorizaciones necesarias para consultar las actuaciones y sus incidencias, de modo que pueda conocer íntegramente las decisiones adoptadas y determinar qué medidas corresponde impulsar.
El acceso resulta relevante para establecer el alcance de las resoluciones, verificar las notificaciones y analizar la viabilidad de eventuales recursos. Por eso, la presentación reclama que se regularice la intervención de los nuevos abogados y se garantice el ejercicio efectivo de los derechos de Nievas como particular damnificada.
La mujer también pidió que se tenga en cuenta el estado de indefensión que denuncia y sus posibles consecuencias sobre la validez de las notificaciones y el cómputo de los plazos procesales.
La presentación sostiene, además, que la causa debe abordarse bajo los estándares correspondientes a un caso de violencia institucional, con una obligación de debida diligencia reforzada por parte de las autoridades judiciales.
Ese planteo se vincula con la naturaleza de los hechos investigados, ocurridos durante un operativo policial que terminó con la muerte de Regueiro y dejó otras personas heridas. La viuda reclama que su condición de víctima indirecta no quede limitada por dificultades administrativas o procesales que, según afirma, le impidieron participar plenamente del expediente.
Los abogados también formularon reservas para acudir a instancias superiores, incluida la jurisdicción federal y supranacional, si consideran que sus derechos no reciben una respuesta judicial adecuada.
Mientras la familia impulsa estos reclamos, la causa por la muerte de Regueiro continúa radicada en el Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata, a cargo de Diego Tatarsky. El expediente fue elevado a juicio y tiene como acusados al expresidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino y a los policías Sebastián Perea, Juan Manuel Gorbarán y Fernando Falcón.
La competencia de ese juzgado fue definida por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que resolvió el conflicto planteado entre el Juzgado Correccional N° 2 y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5. La Cámara consideró que debía prevalecer la calificación penal incluida formalmente en el requerimiento de elevación a juicio.
Nievas también cuestiona esa decisión y busca que el caso sea juzgado por un Tribunal Oral en lo Criminal. Para sostener ese reclamo, dejó planteada una reserva casatoria y una reserva del caso federal.
A cuatro años de la muerte de Regueiro, la familia mantiene así dos objetivos judiciales: conseguir que se revise la situación de Aparicio y cuestionar la vía procesal elegida para el juicio principal. Por ahora, el sobreseimiento del ex titular de Aprevide permanece firme y la causa contra Pellegrino y los policías continúa en el fuero correccional, mientras se espera una respuesta a los nuevos planteos de la particular damnificada.
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