La UTA pidió una recomposición salarial al Ministerio de Economía, cuestionó la falta de respuestas y alertó sobre un posible paro de micros.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) le advirtió al Gobierno nacional que “la paz social peligra” y no descartó la posibilidad de un paro de colectivos en medio de la discusión por los salarios del sector. El planteo fue realizado a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía.
Uno de los principales reclamos del gremio es recibir “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”. La organización sindical sostiene que aún no obtuvo respuestas concretas a su pedido de recomposición salarial.
En el escrito, la UTA solicitó al Ministerio de Economía que “trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” vinculadas al servicio de colectivos y a los trabajadores representados por el gremio que conduce Roberto Fernández.
Además, recordó que el reclamo salarial fue planteado para ser aplicado desde mayo de este año. “Dejamos en claro que nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año”, señalaron.
El conflicto se desarrolla en un contexto marcado por la discusión sobre los subsidios al transporte público y las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese marco, la UTA aseguró que “quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria”.
“Son sacrificados en el altar del superávit fiscal. La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es a qué costo”, expresó el sindicato en otro tramo de la carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo. También reclamó que la consolidación fiscal “no se construya con nuestros salarios”.
Por otra parte, la Secretaría de Transporte puso en marcha una nueva modalidad para la distribución de compensaciones tarifarias mediante la resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida forma parte del proceso de modernización y reestructuración del transporte automotor impulsado por el Gobierno nacional.
Desde el área explicaron que el nuevo esquema mantiene criterios similares al anterior, aunque incorpora mayores controles sobre el cumplimiento de los servicios por parte de las empresas que reciben subsidios. También suma indicadores vinculados con la calidad de la prestación, la regularidad y la consistencia operativa.
Entre las variables consideradas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros recorridos por las unidades, la antigüedad de la flota y los sistemas de cobro utilizados. El objetivo, según Transporte, es que las empresas que mantengan niveles adecuados de operación puedan acceder a las compensaciones correspondientes.
Finalmente, el organismo destacó que el esquema busca “priorizar el cumplimiento efectivo del servicio y promover mejoras continuas en su funcionamiento”, además de optimizar el uso de los recursos disponibles y mejorar la calidad del transporte público para los usuarios.
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