El gobierno bonaerense actualizó el reclamo por obras, fondos y programas discontinuados y estimó en $28,4 billones el desfinanciamiento total.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró este lunes que la deuda que mantiene la administración de Javier Milei con la Provincia ya asciende a 19,1 billones de pesos a julio de este año. El reclamo está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El dato fue presentado por el funcionario de Axel Kicillof en la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. El funcionario explicó que la deuda tiene tres grandes componentes: $10,1 billones por obras públicas comprometidas, $4,7 billones por deudas directas y otros $4,3 billones derivados de programas nacionales discontinuados o demorados.
El mayor monto corresponde a obras que, según la administración bonaerense, habían sido comprometidas por Nación y quedaron sin terminar o sin el financiamiento previsto. "Desde la llegada de Javier Milei se abandonaron obras y se interrumpieron transferencias nacionales, con impacto directo en distintos programas y servicios", sostuvo Bianco y agregó: "Se abandonaron aproximadamente mil obras en la provincia de Buenos Aires y eso ha tenido un impacto presupuestario muy importante".
El cálculo de $10,1 billones en obras públicas contempla trabajos que estaban directamente bajo responsabilidad del Gobierno nacional, convenios celebrados con la Provincia y acuerdos firmados con diferentes municipios.
Dentro de ese universo, el Ejecutivo bonaerense contabilizó 105 convenios del Procrear para construir 6.578 viviendas en 28 municipios y otras 9.725 viviendas proyectadas mediante Casa Propia y Reconstruir en 52 distritos.
La nómina incluye además 128 obras convenidas entre Nación y Provincia y otras 755 acordadas entre el Estado nacional y los municipios, además de proyectos de infraestructura correspondientes a programas nacionales y trabajos vinculados con universidades nacionales.
El segundo ítem que integra la deuda son las obligaciones directas que la Provincia reclama al Gobierno nacional, que totalizan exactamente $4.654.472 millones, es decir, alrededor de $4,7 billones. Allí se contabilizan transferencias de ANSES a la caja previsional bonaerense, compensaciones previstas en el Consenso Fiscal de 2017, recursos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un convenio de asistencia financiera de 2023, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y diferentes partidas del Ministerio de Salud.
El cálculo incorpora además obligaciones relacionadas con programas sanitarios, nutrición infantil y fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense.
El tercer componente del reclamo presentado por Bianco tiene que ver con programas nacionales que fueron discontinuados o cuyos fondos registraron demoras desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
La administración de Kicillof estima que, por este concepto, Buenos Aires dejó de recibir $4.260.349 millones, equivalentes a unos $4,3 billones. Entre las principales partidas incluidas en ese cálculo aparecen el FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el programa Acompañar, la asistencia para comprar alimentos destinados a comedores y el Fondo de Compensación del Transporte Público.
También se contabilizan recursos de diferentes programas sanitarios, asistencia frente a emergencias climáticas, tratamientos contra la tuberculosis, el programa Remediar y medicamentos postrasplante correspondientes a Cucaiba.
Así, el cálculo presentado por el Gobierno bonaerense alcanza los $19,1 billones al sumar los $10,1 billones de obras comprometidas, los $4,7 billones de obligaciones directas y los $4,3 billones correspondientes a programas discontinuados o demorados.
El informe presentado por Bianco fue más allá de la deuda reclamada y puso una cifra al impacto global que, según la Provincia, tuvieron las políticas del Gobierno nacional sobre las cuentas bonaerenses. La administración de Kicillof estimó una caída de $5,9 billones en los recursos de origen nacional y una merma adicional de $3,4 billones en los recursos de origen provincial.
Al sumar esos $9,3 billones de caída de recursos a los $19,1 billones reclamados a Nación, el Ejecutivo provincial calcula un desfinanciamiento total de $28,4 billones.
De esta manera, la Provincia volvió a elevar el monto de su reclamo contra la administración de La Libertad Avanza y sostiene que el impacto no se limita a transferencias que dejaron de llegar a las arcas bonaerenses, sino que también alcanza a obras, viviendas, educación, salud, transporte, asistencia social y otros programas que dependían total o parcialmente de recursos nacionales.
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