Piden rechazar el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Marcos García al considerar que persisten riesgos procesales en la causa por la muerte.
La representación del particular damnificado rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Marcos García, imputado por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata. En un escrito judicial sostuvo que subsisten riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación que impiden morigerar la prisión preventiva.
En un escrito de siete páginas presentado ante la Justicia, los abogados del particular damnificado sostuvieron que no existen condiciones para conceder una medida menos gravosa, ya que consideran acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio previstos en el Código Procesal Penal bonaerense.
Entre los principales fundamentos, la acusación particular remarcó la elevada pena en expectativa que enfrenta García, actualmente procesado por los delitos de "abandono de persona seguido de muerte" y "privación ilegal de la libertad agravada en concurso real". Según planteó, esa circunstancia constituye un incentivo objetivo para intentar sustraerse del proceso, especialmente ante el avance de la investigación.
El escrito también señala que el imputado posee capacidad económica suficiente para sostenerse fuera de la cárcel, ya que es titular de una empresa de restauración, venta y colocación de pisos que continúa funcionando pese a su detención. Para la querella, esa situación no solo demuestra arraigo laboral, sino también disponibilidad de recursos que podrían facilitar una eventual fuga.
Otro de los ejes de la presentación apunta a la conducta que García habría mantenido durante la investigación. Los representantes de la familia sostuvieron que transmitió distintas versiones de los hechos a personas que luego declararon como testigos, modificó su relato con el avance de la causa y entregó claves incorrectas de su teléfono celular, lo que impidió acceder a evidencia digital relevante.
Además, recordaron el reciente testimonio de un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata, quien declaró que, mientras Rocío Alvarito aún agonizaba, García buscaba las llaves con la intención de retirarse del lugar para "irse a trabajar", un comportamiento que, según la querella, también debe ser valorado al analizar el riesgo procesal.
La oposición al arresto domiciliario también se apoya en las conclusiones de la pericia psicológica oficial incorporada al expediente. Según el escrito, el informe describe rasgos de personalidad que encuentran correlato con conductas verificadas durante la investigación, como el control de la información que brinda, la tendencia a eludir situaciones adversas y la dificultad para asumir responsabilidades.
En ese marco, la querella sostuvo que el monitoreo electrónico o la imposición de reglas de conducta resultarían insuficientes para neutralizar los riesgos, ya que no impedirían eventuales contactos con testigos, el uso de teléfonos o la intervención de terceros para influir en la causa. También destacó que García recibió formación policial, un antecedente que, analizado junto con el resto de las circunstancias, podría facilitar una eventual evasión.
Por todo ello, los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria solicitaron al juez que rechace el pedido de prisión domiciliaria y mantenga la prisión preventiva bajo su modalidad actual hasta que avance el proceso judicial.
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