La Justicia detectó graves irregularidades en las unidades 34 y 45 de Melchor Romero y ordenó clausurar celdas de aislamiento y reforzar la atención médica.
La Justicia de La Plata ordenó la clausura inmediata de las celdas de aislamiento de las unidades penitenciarias 34 y 45 de Melchor Romero, donde se encuentran alojadas personas privadas de la libertad con padecimientos de salud mental.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata, a cargo del juez Juan José Ruiz, luego de una constatación judicial en la que se detectaron distintas irregularidades vinculadas a las condiciones de alojamiento y la atención sanitaria.
La víctima, de 36 años, sufrió una grave lesión en la zona axilar y estuvo en riesgo de vida. El acusado fue localizado tras una investigación.
Marcos Ariel García, único imputado por la muerte de Rocío Alvarito, seguirá en prisión preventiva por decisión de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
El expediente se inició en 2018 a partir de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que denunció deficiencias en la atención de la salud mental y otras vulneraciones de derechos en las unidades penitenciarias.
La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, participó de la inspección junto con representantes del Poder Judicial, la Asesoría Pericial, Salud Penitenciaria y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Durante la constatación se relevaron aislamientos prolongados, falta de asistencia de profesionales, tratamientos deficientes y regímenes de vida determinados principalmente por criterios de seguridad. También se detectaron problemas de infraestructura, higiene y sobrepoblación.
Uno de los principales puntos señalados fue la creación de nuevos espacios destinados al aislamiento de personas que atraviesan descompensaciones de salud mental. Según la CPM, este tipo de régimen se encuentra prohibido por normas nacionales e internacionales.
A partir de esas observaciones, el juez ordenó clausurar la celda de separación y aislamiento del sector de Sanidad de la Unidad 34, donde había sido alojada una persona en condiciones consideradas indignas e inhumanas.
La resolución también prohibió el aislamiento de las personas alojadas en la Unidad 34 y en el anexo femenino de la Unidad 45. En situaciones de crisis o descompensación, las autoridades deberán aplicar protocolos específicos para garantizar una atención inmediata.
El fallo establece además que, ante una crisis, deberá priorizarse la perspectiva médica por sobre la de seguridad y ordena capacitar a los agentes penitenciarios para intervenir en este tipo de situaciones.
Por otra parte, la Justicia pidió un informe sobre las personas alojadas en ambas unidades que no cuenten con criterio médico para permanecer allí y ordenó actualizar las historias clínicas. También exigió que se solucionen las deficiencias de infraestructura e higiene detectadas durante las inspecciones.
Según informó la CPM, fueron relevadas 22 personas alojadas en las unidades 34 y 45 sin criterio de permanencia, en un contexto donde se detectó el predominio de criterios de seguridad sobre los abordajes sanitarios y el uso del aislamiento frente a cuadros de descompensación.
