La jueza Julieta Makintach denunció irregularidades en la causa en su contra por el caso Maradona y pidió una investigación penal.
La jueza Julieta Makintach presentó una fuerte denuncia en la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, donde señaló presuntas irregularidades y manipulación de pruebas en la causa penal que se tramita en su contra.
El escrito, patrocinado por su abogado Darío Saldaño, solicita la nulidad de un documento que fue utilizado como prueba en el expediente y que, según sostiene, tiene apariencia de verosimilitud pero su autenticidad no está demostrada. La magistrada pidió además que el caso sea remitido a un departamento judicial ajeno a San Isidro.
En su denuncia, Makintach planteó que con fecha 27 de mayo de 2025 se confeccionó un acta con la supuesta exhibición de un video en formato de tráiler sobre un documental referido al juicio por la muerte de Diego Maradona. Ese material habría sido aportado por la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Marina Rodríguez, desde su celular y anexado a través de un link de Google Drive.
Según la presentación, ese documento "no consigna marca, modelo, IMEI, número de abonado, ni ningún dato sobre el teléfono celular en el que se alojaba el video". Tampoco figuran datos de origen del envío, duración, hora ni registro de conversaciones asociadas.
La jueza remarcó que el acta carece de las formalidades procesales exigidas por los artículos 118 y 119 del Código Procesal Penal bonaerense, ya que no se identifican funcionarios actuantes, no se precisa lugar, no hay testigos hábiles ni firmas completas.
Otro punto central de la denuncia refiere a la incorporación del material audiovisual "en infracción al artículo 265 bis del CPPBA", que obliga a garantizar la preservación de la cadena de custodia. Para Makintach, se trata de una violación que invalida el uso de esa prueba.
La magistrada cuestionó que nunca se le tomó declaración testimonial a la funcionaria interviniente, Marina Rodríguez, y que incluso se dispuso la citación de su médica esteticista, la Dra. Pereyra, "ajena al objeto procesal". Esa medida, asegura, se mantuvo oculta durante tres meses. En ese sentido, la defensa entiende que la extracción del material fue ilegal y que el manejo de la prueba podría configurar delitos de acción pública.
Para la jueza, la manipulación de la evidencia en la instrucción penal "es un claro indicio de dolo" y busca sostener un armado de causa. En su denuncia habló de una "convergencia de intereses entre particulares damnificados, Ministerio Público y algunas defensas" que habría operado al margen de la legalidad.
Los hechos, señaló, podrían configurar los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y ocultamiento o inutilización de pruebas, previstos en el Código Penal. Entre sus pedidos, solicitó la apertura de una investigación penal, recepción de testimoniales, pericia informática sobre el material audiovisual y el impulso de acciones penales.
El planteo se da en un contexto complejo para la jueza, apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona. Actualmente se encuentra suspendida, con una reducción del 40% de su salario y sometida a un proceso disciplinario tras la admisión de la acusación en su contra por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.