La defensa incorporó certificados de psicología social al expediente que investiga la fiscal Cecilia Corfield por presunto ejercicio ilegal de la profesión.
La defensa de Tamara Solange Roh presentó certificados de formación en psicología social y psicología social clínica ante la fiscal Cecilia Corfield, quien la investiga por ejercer la psicología sin título habilitante en La Plata. La documentación ya forma parte del expediente y busca respaldar los antecedentes académicos invocados por la acusada.
Los certificados fueron incorporados a la causa penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº15. La estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Lautaro Splizer, apunta a que se analice la formación que recibió Roh y se determine qué alcance tienen las credenciales que presentó.
La medida será este viernes y durará 24 horas. Los prestadores reclaman a IOMA el pago de los honorarios de junio, julio y agosto. Será el tercer paro del año.
La Justicia pidió peritajes ambientales y psicológicos antes de resolver el pedido realizado por dos detenidos por los loteos ilegales en La Plata.
Entre los documentos mencionados en el descargo figuran certificados de la Universidad Popular Enseñaje (UPE), de la Primera Escuela de Psicología Social Clínica Argentina de La Plata y una credencial de la Asociación de Psicología Social Clínica Argentina (APSCA). La presentación también hace referencia a trayectos de capacitación de 1.650 horas y 144 horas.
La documentación a la que accedió 0221.com.ar busca respaldar la formación que Roh asegura haber realizado en el ámbito de la psicología social y la psicología social clínica. En ese marco, la defensa solicitó que se verifique la autenticidad de los certificados, el reconocimiento oficial de las instituciones emisoras y los alcances de los estudios cursados.
La defensa solicitó que se verifique la autenticidad de los certificados, el reconocimiento oficial de las instituciones emisoras y los alcances de los estudios cursados
El planteo resulta central para la investigación, ya que una de las cuestiones que debe esclarecerse es qué formación tenía Roh y si las actividades que habría desarrollado requerían un título universitario y una matrícula profesional habilitante. En su descargo, Splizer aclaró que la defensa no pretende equiparar los certificados presentados con un título universitario de licenciada en Psicología, pero pidió que se investigue qué información recibió su clienta sobre el alcance de esos estudios, qué denominaciones podía utilizar y qué tareas estaba autorizada a realizar.
El letrado también reclamó que se determine si Roh se presentó como psicóloga o licenciada en Psicología y, en caso de que así haya ocurrido, en qué documentos, publicaciones o comunicaciones concretas lo habría hecho. La distinción es relevante para la causa: contar con formación en psicología social no equivale automáticamente a tener un título universitario habilitante para ejercer la psicología. Por eso, la autenticidad de los certificados y el alcance de las capacitaciones deberán analizarse junto con las actividades que se le atribuyen a la mujer.
Además de la cuestión vinculada con las credenciales académicas, la Fiscalía investiga un informe escolar fechado el 12 de junio de 2026, por el cual Roh habría cobrado $30.000. La sospecha es que el documento presentado ante una institución educativa –lo que terminó despertando las sospechas que acabaron en la denuncia del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires– podría constituir un instrumento privado falso y estar relacionado con una presunta defraudación.
Ante esa acusación, la defensa solicitó acceder al original completo del informe, incluidos los anexos, la firma, los sellos y el membrete. También pidió que se precise qué parte del documento sería materialmente falsa y si existió un perjuicio económico concreto.
El abogado sostuvo que debe diferenciarse una eventual irregularidad en el contenido del informe o en las habilitaciones de quien lo firmó de una falsificación material. En cuanto a la presunta estafa, reclamó que se determine qué información recibió la persona que contrató los servicios, qué se le comunicó sobre los títulos y matrículas de Roh y cuál habría sido el daño patrimonial.
El planteo de la defensa incluye un pedido de sobreseimiento total o parcial y pide que las conductas investigadas se analicen de manera diferenciada. La presentación busca discutir tanto el alcance de las credenciales académicas como la posible configuración de los delitos que se le atribuyen a Roh.
La documentación incorporada al expediente constituye uno de los elementos que deberán evaluarse durante la investigación. Su presentación no acredita por sí misma que la mujer estuviera habilitada para ejercer la psicología ni determina la responsabilidad penal por los hechos denunciados.
