La disputa por la herencia del cuádruple femicida de La Plata se reabre con una batalla judicial por la casona expropiada y otros bienes de Ricardo Barreda.
La herencia del odontólogo y cuádruple femicida de La Plata, Ricardo Barreda, vuelve a ser protagonista en la justicia platense. Tras años de inactividad, las causas vinculadas a los bienes del asesino de su esposa Gladys Elena Margarita Mac Donald; sus dos hijas, Adriana y Cecilia; y su suegra Elena Arreche, se reactivaron.
La propiedad de la calle 48 entre 11 y 12, conocida como la "casona del horror", es el epicentro de una disputa judicial que enfrenta a los herederos de las víctimas con el Estado por el valor de la expropiación.
La sucesión de la familia de Ricardo Barreda lleva 32 años. Heredaron parientes colaterales de una víctima. Un caso marcado por la tragedia y la conmoriencia.
La Justicia designó a los herederos de los bienes de las víctimas de Ricardo Barreda. Qué hay en disputa además de la casona del horror.
El inicio de este nuevo proceso tras el fin de la judicial se da con la "habilitación de instancia", un término jurídico que hace referencia a la autorización formal para continuar con una causa que había quedado suspendida o inactiva. En este caso, los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial de La Plata comenzaron un diálogo institucional que permitió destrabar los expedientes acumulados desde la muerte de Barreda en 2020.
Esta habilitación fue clave para que los herederos de las víctimas, todos provenientes del linaje de la suegra de Barreda, pudieran presentarse en el expediente de expropiación. La disputa gira en torno al valor de la casona: mientras que el Estado bonaerense pretende mantener el valor fiscal, los herederos buscan que se reconozca el valor de mercado, mucho más elevado.
En 2014, la Provincia de Buenos Aires expropió la emblemática casona, ubicada en pleno barrio de Tribunales. Desde la masacre ocurrida en 1992, el inmueble quedó bajo custodia judicial y en un estado de abandono alarmante. La propiedad, afectada por la humedad y el deterioro, incluso genera preocupación entre los vecinos por un posible derrumbe.
Barreda, antes de su muerte, había presentado una demanda por expropiación inversa, reclamando que se le pagara el valor de mercado en dólares de la propiedad, muy superior al valor fiscal pretendido por el gobierno provincial representado por la Fiscalía de Estado bonaerense. La diferencia entre ambas valuaciones, que ya era significativa en su momento, se amplió con el tiempo y ahora será objeto de peritajes judiciales.
El Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata dictó la primera declaratoria de herederos, estableciendo quiénes son los beneficiarios legales de los bienes de las víctimas de Barreda. En este proceso se declaró "indigno" al propio Barreda, lo que significa que no tenía derecho a heredar ningún bien.
Los herederos designados son Irma Luisa Fernández Arreche, Dora Elena Julián Arreche, Hugo Enrique Fernández Arreche, Graciana Nélida Arreche, Luisa Isabel Arreche, Emilio Tomás Arreche y Mariana Arreche. Todos ellos pertenecen al linaje de la familia Arreche, la misma que Barreda odiaba profundamente, según sus propias declaraciones.
Además de la casona de la calle 48, la herencia incluye otros bienes que reavivan la contienda familiar: una propiedad en Mar del Plata, actualmente usurpada; un terreno en la provincia de Buenos Aires que habría sido adquirido por una de las hijas de Barreda; un Ford Falcon color verde; un auto DKW; y una motoneta Siambretta. Estos vehículos permanecen abandonados desde hace décadas, sumidos en el olvido y el deterioro.
Se desconoce el valor sentimental de estos bienes para los herederos, pero su tasación económica es ahora el centro de una disputa que involucra tanto a la justicia Civil como al fuero contencioso administrativo. La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, encargada de defender el patrimonio estatal, también interviene en el proceso.
Antes de fallecer el 25 de mayo de 2020 en un hospital de José C. Paz, Barreda mantuvo una férrea batalla legal para obtener un resarcimiento económico por la expropiación de su casa. Su reclamo apuntaba a que el Estado le pagara el precio de mercado de la propiedad, que podía ser hasta diez veces superior al valor fiscal determinado por ARBA.
La demanda de Barreda nunca prosperó del todo en vida, pero su fallecimiento permitió que los herederos retomasen la causa con renovadas expectativas. La diferencia entre el valor fiscal y el de mercado se convirtió en un tema central del litigio, y se espera que peritos judiciales determinen una nueva cotización de los inmuebles.
Uno de los aspectos más complejos del caso Barreda es la aplicación de la teoría de la conmoriencia, prevista en el Código Civil Argentino. Esta figura se utiliza cuando no puede determinarse con certeza el orden de las muertes de las víctimas, lo que tiene implicancias directas en la distribución de la herencia.
En su confesión, Barreda brindó versiones contradictorias sobre el orden en que mató a sus familiares. Inicialmente negó su participación en los crímenes, luego alegó un estado de inconsciencia, para finalmente admitir la autoría, cambiando en reiteradas ocasiones el relato sobre quién fue la última víctima.
Desde la masacre en noviembre de 1992, la casona de la calle 48 quedó atrapada en el tiempo, convertida en un símbolo del horror y el abandono. La falta de mantenimiento, sumada al paso del tiempo, transformó el inmueble en una ruina que despierta tanto el morbo como la tristeza de quienes recuerdan los hechos que allí ocurrieron.
A pesar de los avances del movimiento feminista y del repudio social hacia los femicidios, la figura de Barreda aún persiste en ciertos sectores de la sociedad, donde es recordado con insólitas defensas, canciones de rock e incluso estampitas con su rostro. Este fenómeno refleja la compleja relación de la sociedad argentina con su historia criminal.
Con el reimpulso de las causas y la intervención de la justicia platense, el futuro de la herencia de Ricardo Barreda está lejos de resolverse. La disputa entre el valor fiscal y el de mercado de la casona, sumada a la compleja trama familiar de los herederos, promete mantener el caso en la agenda judicial durante mucho tiempo más.
La intervención de la Fiscalía de Estado bonaerense será clave para definir el rumbo de los expedientes, mientras que los herederos continuarán su batalla legal en busca de un reconocimiento económico que, paradójicamente, proviene de los bienes que alguna vez estuvieron ligados a una de las masacres más atroces de la historia argentina.