La investigación por la muerte de la oficial de la Policía Bonaerense Érica Valdez en Berisso pasó a manos del fiscal Álvaro Garganta.
La causa que busca esclarecer la causa de la muerte de la oficial de la Policía Bonaerense Érica Valdez atraviesa una nueva etapa procesal tras el cambio de fiscalía y la incorporación de nuevas medidas de prueba. A más de dos meses del hecho ocurrido en Berisso, la investigación continúa abierta y todavía no existe una definición judicial concluyente sobre las circunstancias en las que la mujer recibió el disparo que terminó provocándole la muerte.
Valdez, de 34 años, resultó gravemente herida de un disparo en el abdomen el pasado 9 de abril mientras cumplía funciones de guardia en un puesto policial ubicado en la zona de 60 y 128, cerca de la destilería de YPF. Tras el episodio, fue trasladada de urgencia al Hospital Larrain, donde fue intervenida quirúrgicamente, aunque finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.
Desde el primer momento, el caso generó controversia. La investigación fue presentada inicialmente como un presunto suicidio, pero esa hipótesis fue cuestionada por los familiares de la víctima, quienes sostienen que la muerte debe ser investigada como un homicidio y reclaman que se profundicen distintas líneas de análisis.
La investigación comenzó en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata. Durante esa primera etapa se realizaron diversas diligencias y pericias que hoy forman parte del expediente judicial. Sin embargo, la familia de Valdez manifestó su disconformidad con el rumbo de la pesquisa y solicitó un cambio de fiscalía.
En ese contexto, la fiscal Virginia Bravo se excusó de seguir interviniendo en el expediente. Como consecuencia de esa situación, la causa fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción N°11, que quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien recibió el expediente cuando se encontraba de turno.
Fuentes judiciales confirmaron que la investigación se encuentra actualmente en una etapa de revisión integral de todo lo actuado hasta el momento. El nuevo fiscal y su equipo analizan cada una de las medidas ya producidas antes de avanzar con nuevas decisiones procesales.
La llegada de Garganta implica, en los hechos, una nueva mirada sobre el material acumulado durante los primeros meses de investigación. Por esa razón, en tribunales admiten que el análisis demanda tiempo y un estudio minucioso de cada elemento incorporado al expediente.
"Hay muchos detalles, hay que leer todo muy finito", señalaron fuentes vinculadas a la investigación al describir el momento actual de la causa.
Uno de los puntos centrales de esta nueva etapa será la realización de declaraciones testimoniales solicitadas por la familia de la policía fallecida. Según pudo saber este medio, en los próximos días comenzarán a convocarse testigos que fueron propuestos por los allegados de Valdez y cuyos relatos podrían aportar elementos para reconstruir lo ocurrido aquella noche en el puesto de vigilancia.
La importancia de estas declaraciones radica en que gran parte de los cuestionamientos formulados por la familia hasta el momento fueron expuestos públicamente a través de medios de comunicación y redes sociales, pero todavía deben ser formalizados dentro de la causa penal.
En el ámbito judicial existe una diferencia sustancial entre una manifestación pública y una declaración incorporada al expediente. Mientras las primeras pueden servir para orientar una investigación, solamente las segundas adquieren valor jurídico como prueba o como elemento formal para impulsar determinadas medidas.
Por ese motivo, los investigadores consideran fundamental que todas las afirmaciones realizadas públicamente por familiares y allegados sean ratificadas ante las autoridades judiciales correspondientes. La nueva ronda de testimonios aparece así como una instancia decisiva para determinar qué elementos concretos pueden incorporarse a la pesquisa y cuáles podrían abrir nuevas líneas investigativas.
Otro aspecto que despertó interés entre los investigadores está relacionado con unas presuntas cartas que, según trascendió, habrían sido escritas por la propia Érica Valdez antes de su muerte. Fuentes judiciales indicaron que familiares de la oficial mencionaron la existencia de esos escritos durante distintas intervenciones públicas.
Ante esa situación, desde la fiscalía solicitaron formalmente que dichos documentos fueran entregados para ser sometidos a pericias y eventualmente incorporados a la investigación. Sin embargo, la respuesta recibida por los investigadores, según indicaron, fue que esas cartas ya no existían porque se habían quemado. La situación impidió que los especialistas pudieran analizar el contenido de esos documentos, verificar su autenticidad o determinar si podían aportar algún dato relevante para esclarecer el caso.
La inexistencia material de esas cartas representa una dificultad objetiva para la investigación, ya que cualquier elemento documental potencialmente relacionado con el estado emocional, las relaciones personales o las circunstancias previas al hecho podría haber resultado de interés para los peritos y los fiscales.
Mientras tanto, la causa continúa sin una definición concluyente sobre cuál fue la mecánica del episodio ocurrido en el puesto policial de Berisso. La revisión de las pericias ya realizadas, la incorporación de nuevos testimonios y el análisis integral del expediente aparecen como los próximos pasos de una investigación que ingresó en una fase decisiva.
Por ahora, la fiscalía de Álvaro Garganta mantiene abiertas las distintas hipótesis y trabaja sobre el conjunto de evidencias reunidas hasta el momento. La expectativa de los familiares está puesta en que las nuevas medidas permitan avanzar sobre la teoría que sostienen desde el comienzo: que la muerte de Érica Valdez no fue un suicidio sino un homicidio.
La respuesta definitiva, sin embargo, dependerá de las pruebas que logren incorporarse al expediente y de las conclusiones que surjan del análisis judicial de cada uno de los elementos reunidos en la causa.
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