El debate oral se realizará mediante un juicio por jurados y contará con el patrocinio gratuito de una ONG de La Plata para las menores.
Desde este lunes doce ciudadanos comunes se sentarán en una sala de audiencias de La Plata para juzgar a Esteban Cayetano Nuñez Morel. Es pastor evangélico y está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores en perjuicio de dos nenas de 9 y 11 años.
La historia de cómo este hombre llega al banquillo no es la historia habitual de los tribunales platenses, donde las causas contra los poderosos o los protegidos suelen diluirse en el trámite burocrático y el olvido. Es, antes que nada, la historia de una fuga interceptada.
Once de los quince imputados permanecerán bajo arresto domiciliario y con monitoreo electrónico. El resto de los acusados quedó libre por falta de mérito.
Cuando las dos niñas y su madre no tuvieron más a dónde ir, tocaron la puerta de Casa María Pueblo. En esa institución encontraron algo más que el techo, la comida y el sostén psicológico que el Estado retaceaba: encontraron abogados que no les cobraron un peso.
En un expediente donde la falta de recursos equivale a la impunidad, esa asistencia gratuita fue la única fuerza que impidió que Nuñez Morel desapareciera. "Esa es una de las razones por las que logramos encontrarlo y que no se profugue", dicen en la organización. El dato expone la maquinaria del fuero penal: en la Argentina, sostener una querella contra un abusador requiere un dinero que las víctimas no tienen. Sin el patrocinio técnico, el expediente duerme y el acusado se evade.
Casa María Pueblo calcula en siete millones de dólares los honorarios profesionales que ha donado en casi tres décadas de trabajo, una cifra que mide con exactitud el tamaño de la justicia que el mercado niega a los pobres. En 29 años, la ONG asistió a más de 35.000 personas y logró más de 80 condenas a abusadores.
El juicio está a cargo del juez Santiago Paolini integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3, presidido por un juez técnico y con la acusación a cargo del fiscal Lucas Rodríguez Domski. La decisión final, sin embargo, no saldrá de la pluma de un magistrado acostumbrado a la jerga de los pasillos, sino de las doce personas del pueblo que escucharán los hechos de frente.
Se estima que el debate se extenderá hasta el miércoles, fecha en la que está previsto que se realicen los alegatos y luego, deliberación mediante, el jurado popular dará a conocer su veredicto.
