El letrado protagonizó un novedoso festejo de cumpleaños por el año que lleva sin resolución una presentación judicial.
Un abogado de La Plata protagonizó un insólito festejo de cumpleaños judicial para visibilizar una causa que lleva un año sin resolución. La presentación fue realizada por Ignacio Fernández Camillo, defensor del joven Mario Nicolás Vallejos, quien estuvo 22 meses detenido por un hecho del que fue absuelto en juicio oral.
El letrado notificó a la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que su pedido de reparación integral cumplió un año sin ser tratado. La situación, que calificó como insólita, está vinculada a un reclamo económico por la privación ilegítima de la libertad, el maltrato policial y la negligente actuación del Ministerio Público Fiscal. En el escrito, invocó normativa constitucional e internacional en materia de derechos humanos para exigir que se tomen medidas.
La decisión se tomó respecto de los letrados quienes representan al enfermero Ricardo Almirón. Crónica de una polémica en una agitada jornada.
El documento judicial presentado por Fernández Camillo se titula "Hago saber celebración de cumpleaños. Solicito". Está dirigido al presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, juez Eduardo Raúl Delbes. Allí, el defensor describe en un tono irónico y crítico que su cliente, Mario Vallejos, sigue esperando una resolución judicial sobre la reparación de los daños sufridos.
Vallejos fue arrestado en 2022 tras ser acusado de asaltar a una censista en la zona de la megatoma de Los Hornos, pero terminó absuelto en 2024. Durante casi dos años, permaneció detenido preventivamente, sin condena firme, pese a que siempre sostuvo su inocencia y contaba con testigos que lo desvinculaban del hecho. El caso llegó a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, que finalmente lo absolvió. Según el abogado, la fiscalía ignoró las pruebas exculpatorias y sostuvo únicamente la versión policial sin verificar su veracidad.
El reclamo actual busca una reparación integral por el daño causado por la privación ilegítima de la libertad. En su presentación, el abogado considera la duración de la prisión preventiva, el salario mínimo vital y móvil, y una serie de elementos normativos para calcular el resarcimiento económico que debería otorgársele a su cliente.
La presentación también incluye un desglose económico de lo que, a juicio del abogado, corresponde como indemnización. En base al salario mínimo vital y móvil vigente en marzo de 2025, el letrado estimó que los 22 meses que Mario Vallejos pasó detenido equivalen a un monto de $6.530.304. A ese total le suma los honorarios profesionales discutidos en la misma instancia, calculados en 170 Jus, lo que equivale a otros $6.524.770, tomando como base el valor del Jus a $38.381.
Además, incluye un 20% adicional por los honorarios vinculados específicamente al litigio por la reparación, lo que representa otros $2.611.014,80. De este modo, el reclamo mínimo exigido por el abogado asciende a $15.666.088,80.
Todo el planteo se apoya en artículos del Código Procesal Penal, la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura, entre otras normativas que, según Fernández Camillo, legitiman el derecho a una reparación efectiva por parte del Estado ante privaciones ilegítimas de la libertad.
El escrito va más allá de lo económico. También denuncia el modo en que fue detenido Vallejos, señalando que recibió un disparo de arma reglamentaria por parte de la Policía bonaerense cuando no presentaba ninguna amenaza. A eso se le suma el relato de múltiples vejámenes sufridos durante su estadía en la Comisaría Tercera de Los Hornos.
Fernández Camillo también apunta contra el proceder de la Fiscalía, a la que acusa de haber ignorado los testimonios exculpatorios y de haber elegido una teoría del caso basada únicamente en la versión policial. La rueda de reconocimiento que solicitó la defensa fue realizada recién durante el juicio oral, lo que considera una prueba del desinterés del Ministerio Público en garantizar el debido proceso.
El defensor plantea que esta conjunción de hechos -una detención sin pruebas sólidas, un procedimiento judicial negligente y un sufrimiento físico y psicológico en sede policial- obliga a una respuesta contundente por parte del Poder Judicial. Por eso, su pedido de reparación no sólo se basa en lo normativo y económico, sino también en un reclamo simbólico para que haya consecuencias institucionales.
El recurso que presentó Fernández Camillo lleva exactamente un año radicado en la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, sin que hasta el momento se haya dictado una resolución. Esa demora es la que motivó el insólito “festejo de cumpleaños” judicial. Con tono irónico pero firme, el abogado utilizó la herramienta legal para visibilizar la parálisis en un expediente que, según sus palabras, debiera generar un pronunciamiento urgente por parte de los jueces.
“No puede ser novedad que las causas armadas por funcionarios de las fuerzas de seguridad y la desidia casuística del sistema penal, combinadas con la privación ilegítima de libertad de una persona inocente, deban tener consecuencias”, escribió. Su presentación fue acompañada por un pedido explícito para que se resuelva de forma inmediata el planteo.
El caso vuelve a poner en discusión el rol de las detenciones preventivas prolongadas y el uso que hacen los fiscales de las versiones policiales sin verificación. También pone en jaque a los mecanismos de reparación del Estado ante errores judiciales. La falta de celeridad, denuncia el abogado, convierte en doble la injusticia sufrida por su cliente.