El concejal de La Libertad Avanza, Gastón Álvarez, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata para implementar un régimen de "Ficha Limpia" que impida la designación de funcionarios políticos municipales con condenas penales firmes por determinados delitos. La iniciativa también propone crear un portal público para consultar los gastos de la Comuna, conocer los sueldos de sus autoridades y controlar la publicidad oficial.
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Impulsan "Ficha Limpia" en La Plata para impedir que condenados ocupen cargos en la Municipalidad
El concejal Gastón Álvarez presentó un proyecto que también busca transparentar los sueldos de funcionarios, las contrataciones y los gastos de publicidad.
La propuesta forma parte de un paquete de medidas impulsado por el referente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien pidió a los concejales del espacio que presenten iniciativas similares en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, el proyecto fue presentado por Álvarez, dirigente alineado con Pareja y con el diputado provincial Juanes Osaba, referente local del espacio libertario.
El proyecto establece tres ejes principales: impedir el acceso a cargos políticos a personas con determinadas condenas, ampliar el acceso público a la información municipal y regular la contratación de publicidad oficial. Para ello, propone modificar los requisitos para las designaciones y establecer nuevas obligaciones para el Ejecutivo local.
Los puntos centrales del proyecto "Ficha Limpia"
La iniciativa propone que no puedan ser designadas en cargos políticos ni electivos del Ejecutivo municipal las personas que registren condenas penales firmes por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra la integridad sexual, hechos cometidos en contextos de violencia de género o delitos contra el orden constitucional y la vida democrática.
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En su primer artículo, el proyecto establece que no podrán ser designadas aquellas personas que "registren sentencia penal condenatoria firme por delitos dolosos contra la Administración Pública". La restricción también incluye a quienes tengan condenas por delitos contra la integridad sexual, violencia de género y contra el orden constitucional y la vida democrática, así como a quienes se encuentren alcanzados por una inhabilitación judicial vigente para ejercer funciones públicas.
El régimen se aplicará a secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, coordinadores, asesores políticos y autoridades de organismos descentralizados y sociedades municipales. No alcanza a los cargos electivos, sino específicamente a las designaciones políticas dentro de la estructura administrativa.
Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, el artículo 3° señala que "toda designación comprendida en la presente ordenanza requerirá la presentación previa de certificado de antecedentes penales actualizado y declaración jurada de inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades". Si una designación incumpliera las restricciones previstas, podría ser declarada nula mediante el procedimiento correspondiente.
En los fundamentos, los impulsores de la iniciativa sostienen que "no resulta razonable exigir condiciones de idoneidad e integridad a los trabajadores municipales y prescindir de estándares específicos para quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad política".
Sueldos, contrataciones y gastos municipales bajo la lupa
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Portal de Transparencia Municipal, de acceso público y gratuito, que debería funcionar dentro del sitio web oficial de la Municipalidad de La Plata.
La plataforma permitiría a los vecinos consultar el presupuesto local, la ejecución de gastos, la cantidad de empleados, las modalidades de contratación, los funcionarios políticos y sus remuneraciones brutas. También debería incluir información sobre las escalas salariales, licitaciones, adjudicaciones, proveedores, decretos, resoluciones y gastos en publicidad oficial, además de datos públicos vinculados con el cumplimiento de las declaraciones juradas patrimoniales.
El tercer eje del proyecto apunta directamente a los recursos destinados a la comunicación institucional del Municipio. El proyecto establece que la contratación y distribución de publicidad oficial deberá realizarse mediante criterios "objetivos, verificables y transparentes" y prohíbe utilizar esos fondos para promocionar personalmente a funcionarios o agrupaciones políticas.
En los fundamentos, los autores advierten que la publicidad oficial "no puede convertirse en una herramienta de propaganda política financiada con el esfuerzo de los contribuyentes, ni en un mecanismo discrecional de distribución de recursos públicos".
Además, el Ejecutivo debería publicar cada tres meses un informe detallado con los medios de comunicación y proveedores contratados, las campañas realizadas, los montos asignados y efectivamente pagados y los criterios utilizados para distribuir los recursos.
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