El CECIM La Plata presentó una cautelar contra el proyecto Sea Lion y la Justicia de Río Grande ordenó frenar las obras y perforaciones petroleras en Malvinas.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata recurrió a la Justicia para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y consiguió una medida cautelar que suspendió las obras vinculadas a la iniciativa.
La presentación fue realizada junto a la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y quedó en manos de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto. Este miércoles, la magistrada ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar las tareas vinculadas al emprendimiento.
El Gobierno consideró relevantes las declaraciones del presidente de Estados Unidos y analiza posibles vías para retomar conversaciones con el Reino Unido.
La Cancillería busca concretar una reunión entre Javier Milei y Donald Trump para abordar la soberanía argentina sobre las Malvinas y la posición de EE.UU..
La resolución alcanza a las perforaciones, la instalación de infraestructura submarina, las unidades flotantes y el inicio de la explotación comercial, además de obras terrestres y portuarias asociadas al proyecto. La suspensión tendrá vigencia mientras se sustancia el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La acción había sido presentada por el CECIM el 1° de septiembre, junto a AAdeAA, y planteó cuestionamientos vinculados tanto al impacto ambiental de la explotación como a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Días después, el juzgado federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la causa.
El proyecto Sea Lion es impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y contempla la explotación de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas. Según la documentación incorporada al expediente, la iniciativa prevé 23 pozos, una unidad flotante de producción y una red de infraestructura submarina.
La jueza Borruto consideró que existía un riesgo que justificaba la intervención preventiva, entre otros motivos porque no se había iniciado ante las autoridades argentinas un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el proyecto. La magistrada aclaró que la medida es provisoria y que no implica una resolución definitiva sobre el fondo de la causa.
