El conflicto por la contaminación de afluentes que afectan directamente al Arroyo El Gato y el Río de la Plata sumó un nuevo capítulo que enciende alarmas.
El conflicto por la contaminación de afluentes que descargan sus aguas en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata volvió a escalar tras la publicación de una Resolución en la que el juez federal de La Plata Alberto Racondo denunció haber sido amenazado y ordenó avanzar con el millonario embargo trabado contra la Provincia.
Tras dictar días atrás una medida que fija un embargo por más de $157 mil millones, el magistrado exigió que el Gobierno bonaerense informe en un plazo de 24 horas las cuentas bancarias donde se aplicará la medida. Según lo dispuesto, el dinero deberá depositarse en una cuenta judicial como plazo fijo hasta que se inicien obras de saneamiento dispuestas y podrían complicar seriamente las cuentas bonaerenses.
En el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof cuestionaron y apelaron el fallo argumentando que las obras demandadas dependen del financiamiento nacional. Fuentes oficiales señalaron que "no se puede exigir a la Provincia" asumir costos que consideran ajenos a su responsabilidad histórica.
Pese a la medida, lo cierto es que la Resolución se mantendrá vigente mientras la Cámara de Apelaciones revisa la presentación realizada por el Ejecutivo bonaerense y es por ello que Racondo volvió a exigir con la demanda.
La disputa sumó, además, un fuerte cruce entre el propio magistrado y el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, quien pidió modificar el alcance del embargo y sostuvo además que la medida excede lo dispuesto originalmente, solicitando por ello corregir el oficio enviado al banco. El funcionario advirtió por escrito que, si no se realizan cambios, podría denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura y planteó además que la ejecución del embargo podría generar una paralización del funcionamiento administrativo de la Provincia.
La respuesta de Recondo fue inmediata. El juez dejó sin efecto el oficio previo y emitió uno nuevo, pero incluyó una advertencia directa al fiscal: "Hágase saber al Señor Fiscal de Estado que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de formular amenazas, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho", indicó en la Resolución que lleva su firma.
El expediente se enmarca en una causa iniciada en 2020 por daños ambientales en la región integrada por la capital provincial junto a Berisso y Ensenada. La Justicia investiga la falta de obras para tratar los líquidos cloacales que se descargan sin procesamiento en el sistema hídrico y cómo ello podría impactar en la salud de los vecinos.
Las obras previstas buscan construir un sistema integral para captar, conducir y tratar los efluentes. Mientras tanto, el embargo seguirá vigente hasta que la Cámara resuelva la apelación, en un escenario que mantiene la tensión entre la Justicia y el Gobierno provincial.
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