El camarista Raúl Dalto impugnará la licencia obligatoria que le impuso la Suprema Corte, mientras avanza la denuncia contra dos colegas por truchar un fallo.
El camarista Raúl Dalto prepara un recurso contra la licencia obligatoria de 90 días que le impuso la Suprema Corte bonaerense. Su defensa, encabezada por Damián Barbosa, denunciará irregularidades procesales y afectación del debido proceso, mientras continúa el conflicto con sus compañeras de la Sala I de la Cámara Penal de La Plata, María Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard.
La presentación del recurso de apelación estará a cargo de su abogado, Damián Barbosa, y será expuesta este lunes. Según el planteo preparado por la defensa, existen cuestionamientos vinculados con las notificaciones del proceso disciplinario y con distintas irregularidades que, a su criterio, habrían afectado las garantías del magistrado.
El escrito sostiene, además, la existencia de un caso federal, al considerar que estarían comprometidos derechos fundamentales vinculados con el debido proceso y la independencia judicial. La defensa plantea que tanto el pedido de enjuiciamiento como la sanción administrativa habrían sido adoptados de manera arbitraria y sin una fundamentación legal suficiente.
La ofensiva judicial de Dalto se produce en paralelo con el conflicto que mantiene con Oyhamburu y Rezzónico Bernard. El camarista había puesto en conocimiento de la Fiscalía una denuncia por la posible comisión de delitos de acción pública a partir de un planteo de recusación presentado en una causa vinculada con un desalojo de tierras en City Bell.
En esa presentación apareció una acusación por un posible tráfico de influencias. La defensa había señalado una "extraordinaria coincidencia" entre fundamentos utilizados por el particular damnificado para intentar sostener la vigencia de un desalojo y argumentos que, según sostuvo, estaban vinculados con posiciones previamente mantenidas por las dos camaristas.
El propio Dalto remitió el planteo a la Fiscalía en turno en cumplimiento de su deber de poner en conocimiento de las autoridades la eventual comisión de ilícitos de acción pública. El documento menciona específicamente los artículos 257 y 210 del Código Penal.
La presentación, sin embargo, deja una precisión central: no afirma que el tráfico de influencias esté probado. Lo que plantea es la existencia de elementos que deberían ser investigados para determinar si hubo una construcción jurídica autónoma del particular damnificado o alguna forma de comunicación, influencia o intervención indebida vinculada con quienes debían resolver.
En ese contexto, Dalto quedó alcanzado por una medida disciplinaria de la Suprema Corte que su defensa pretende recurrir. Barbosa sostiene que el procedimiento que derivó en la licencia obligatoria presenta deficiencias que habrían impedido al magistrado ejercer plenamente sus derechos.
El recurso buscará dejar formalmente planteada la voluntad de Dalto de impugnar la resolución dentro de los plazos legales y reservar la cuestión federal. El argumento central será que las presuntas irregularidades procesales no constituyen cuestiones meramente formales, sino que comprometerían garantías constitucionales.
La disputa adquiere una particular dimensión institucional porque se desarrolla mientras permanecen abiertas las acusaciones y recusaciones que involucran a los integrantes de la Sala I. En ese expediente también aparecen cuestionamientos relacionados con evidencia informática y con la forma en que fueron confeccionadas determinadas resoluciones.
De esta manera, este lunes será una fecha clave para Dalto: su defensa formalizará la apelación contra la licencia de 90 días, mientras el magistrado continúa involucrado en un expediente que derivó en denuncias contra sus propias compañeras de tribunal.
El nuevo recurso pondrá a consideración de las instancias correspondientes si la sanción impuesta al camarista cumplió con las garantías del debido proceso y si los cuestionamientos formulados por su defensa pueden abrir la vía federal. En paralelo, la denuncia por el posible tráfico de influencias deberá seguir su propio curso y determinar, en caso de avanzar, si existieron efectivamente las conductas denunciadas.
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