Los excombatientes del CECIM le dieron 72 horas para actuar tras el anuncio de una ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para exigirle que actúe ante el anuncio de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La entidad le otorgó un plazo de 72 horas para ejercer las competencias previstas por la ley.
El reclamo se produjo luego de que el 3 de septiembre de 2026 se conociera un acuerdo entre el municipio chileno de Punta Arenas, la naviera de ese país Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation, para establecer una conexión comercial marítima con las Islas Malvinas.
El intendente de La Plata, Julio Alak, hizo hincapié en que las políticas existían y pidió que el Gobierno cumpla con lo anunciado sobre soberanía y defensa.
Los excombatientes del CECIM La Plata difundieron un comunicado en el que hablan del "nivel más alto de hipocresía de un gobierno y un presidente".
Según lo señalado en la carta documento, una delegación isleña visitará Punta Arenas los días 28 y 29 de septiembre, mientras que el primer viaje de la nueva ruta está previsto para noviembre de 2026.
En la carta documento, el CECIM La Plata sostuvo que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aclaró que el buque llevará "otra bandera". Para la organización de ex combatientes, esa circunstancia no modifica el objetivo de la conexión marítima.
La entidad planteó que la ruta no tendría como único propósito el traslado de alimentos, vinos y repuestos, sino que también constituiría un vínculo logístico para el proyecto "Sea Lion" o "León Marino", relacionado con el abastecimiento de las Islas y la explotación de hidrocarburos de la plataforma continental argentina.
En ese marco, el CECIM intimó a Quirno a cumplir con el Decreto 868/2026, publicado por el Gobierno de Javier Milei en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2026. Según la carta documento, la Cancillería fue designada como autoridad de aplicación del régimen establecido por esa norma.
El escrito remarca que el decreto fija plazos de cinco días hábiles para que los organismos públicos presenten sus reportes y de diez días hábiles para el descargo y la resolución. "Dicho sin eufemismos: el instrumento fue puesto sobre su escritorio hace cuatro días", señaló el CECIM.
Entre las medidas exigidas, la organización reclamó que, dentro del plazo de 72 horas, el canciller disponga y acredite la instrucción a la Embajada de la República Argentina en Santiago de Chile para formular una protesta formal y por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
La carta documento concluye con un fuerte cuestionamiento al accionar que, según el CECIM, debería adoptar la Cancillería: "La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia".
En el cierre, la entidad sostuvo que Quirno "ha jurado por la Constitución Nacional y por las leyes de la Nación" y afirmó que su deber "no se agota en conocer la normativa, sino en aplicarla". Para el CECIM, esa aplicación "no es una facultad discrecional sino una competencia irrenunciable de ejercicio obligatorio".
