La víctima llevó sus planteos a la máxima instancia Penal de la provincia con sede en La Plata. Ya ganó un juicio pero existe una dolorosa trama judicial.
Una mujer que, según una causa penal que tramita en La Plata, fue víctima de abuso sexual por parte de un funcionario público provincial llegó hasta el Tribunal de Casación bonaerense donde planteó que, en su caso, se violó la ley de víctimas, entre otras posibles vulneraciones, por lo que reclama ser escuchada por funcionarios judiciales.
Los hechos denunciados por la trabajadora habrían ocurrido en el centro cerrado Almafuerte, ubicado en la localidad de Abasto. Según indicó, fue abusada en febrero del año 2020 por el director de esa institución.
La vecina de La Plata asevera que sufrió abuso sexual de parte del exdirector del Almafuerte. Su denuncia no prosperó y la demandaron, pero fue absuelta.
Mientras se investiga la muerte del hombre que comió una tortilla que habría comprado en la Confitería La Ideal en La Plata, su dueño enfrenta graves denuncias.
La mujer denunció inmediatamente lo sucedido ante otro director (amigo del denunciado) y pidió el pase de lugar de trabajo. Se lo dieron inmediatamente. Recién en octubre de ese año, en medio de una asamblea que se desarrollaba en el organismo central, la mujer contó a una chica lo padecido, siendo acompañada por ella a denunciar el abuso.
La declaración fue en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, donde narró lo sufrido en las peores condiciones psicológicas.
Un año después, ya en 2021, le llegó a la mujer el correo de una psicóloga para concurrir a la Asesoría Pericial, donde la evaluaron y determinaron que su relato era coherente y veraz. Pese a ello, la fiscalía pidió el sobreseimiento del acusado. El juez de Garantías se opuso, pero el Fiscal General sostuvo el sobreseimiento sin que nada le notificaran a ella. Se archivó la causa y tampoco le notificaron esa decisión.
En su presentación, la mujer señaló que "jamás tuve información del contenido de las actuaciones. Nunca se me informó sobre el estado de la causa, la posibilidad de ofrecer medidas, la posibilidad de volver a declarar, ampliando y aclarando circunstancias, ser oída, ni fui llamada para asistir a la sede de la Fiscalía ni al Juzgado de Garantías interviniente. Debiendo resaltar al respecto, que de la lectura de la pericia psicológica que me fuera realizada, se desprende que debió haber una intervención interdisciplinaria".
La víctima cuenta con la asistencia del abogado Ignacio Fernández Camillo aseveró en el documento judicial que "la omisión manifiesta de notificar a la víctima de la marcha del proceso y su conclusión, sea por el dictado de sobreseimiento judicial o el archivo fiscal, fulminó toda posibilidad de ejercer sus derechos como víctima, ocasionando una grave lesión a derechos y garantías de forma irreparable".
Luego de hacer un puntilloso análisis del caso la víctima, mediante su letrado, requirió que "en el caso de compartir los argumentos sostenidos por esta parte (…), solicitamos que este Tribunal asuma competencia positiva y resuelva directamente sobre el recurso de Casación", se reabra la investigación y, además, "se otorgue lugar a mi pedido de constitución de particular damnificada" en el proceso.
La mujer no solo que no encontró justicia por su abuso sexual (una pericia determinó que tiene síntomas compatibles con los de abuso) sino que, además, fue querellada por el abusador, pero la justicia en lo Correccional dictó la absolución de la denunciante, quien junto a sus abogados da pelea para reabrir su denuncia por abuso sexual contra un exfuncionario público.
Durante el juicio, "el querellante pidió pericia psicológica a mi asistida, la hizo revivir todo nuevamente y luego desistió de la prueba porque le fue contraria; lo mismo con el sumario administrativo donde se dispone la cesantía del acusado, lo pidió y luego para el debate lo desistió", expresó el abogado Fernández Camillo, quien junto a la abogada Solange Barnetche Alonso y el letrado Andrés Noetzly asistieron a la mujer querellada.
Pese a que la abogada del querellante desistió de ingresar como prueba el sumario administrativo donde se dispuso el cese en su cargo del exfuncionario denunciado por abuso, la defensa de la mujer logró imponerse y ese acto administrativo forma parte del caudal probatorio.
En su alegato la abogada del querellante Juan Alberto Serrano, alias "Zapatilla" y presunto abusador, solicitó como condena dos años de prisión en suspenso y una multa de veinte mil pesos, pero los defensores recordaron que en el año 2009 se derogó la pena de cárcel para los delitos de calumnias e injurias, sostuvieron un pedido de absolución para su asistida y que las costas del proceso recaigan sobre el querellante ya que la mujer fue "sometida a un proceso de revictimización institucional y sufre de trastorno postraumático".
El pedido de absolución prosperó, pero la víctima necesita que la Justicia de una respuesta a su planteo central: quiere ser escuchada.