El juez consideró que hay pruebas para sostener la acusación y dictó la prisión preventiva para el sindicalista de La Plata pero excluyó audios clave.
La causa por el incendio intencional del auto de una exfuncionaria municipal en La Plata, ocurrido en 2016, sumó un nuevo capítulo: la Justicia dictó la prisión preventiva del sindicalista Juan José Tagliaferro, del sindicato de trabajadores de seguridad, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para sostener su presunta participación en el hecho.
Sin embargo, la resolución también incluyó un punto altamente controvertido: el juez ordenó la exclusión probatoria de los audios y mensajes extraídos del celular del imputado, una decisión que ya fue apelada por el abogado César Albarracín, representante de las víctimas en su rol de particular damnificado.
La medida fue dispuesta a pedido del fiscal de la UFI N°6 de La Plata, Patricio Barraza. El juez de Garantías consideró que, aun sin los audios cuestionados, existen elementos independientes que permiten tener por acreditada -con el grado provisorio propio de esta etapa- la materialidad del hecho y la probable autoría de Tagliaferro.
Según la resolución, el imputado fue considerado “probablemente coautor” del delito de incendio con peligro común para los bienes, en los términos del artículo 186 del Código Penal.
El fallo reconstruye que el hecho ocurrió la noche del 27 de enero de 2016, cuando al menos dos hombres arrojaron un líquido altamente combustible sobre el vehículo de Diana Prieto, estacionado en la vía pública en calle 58 entre 19 y 20.
El incendio no solo destruyó ese rodado, sino que las llamas se propagaron y alcanzaron a otros dos vehículos, lo que reforzó la calificación legal de “peligro común”. Entre las pruebas valoradas figuran denuncias, testimonios, registros fílmicos, informes periciales, actas de allanamiento y análisis de comunicaciones telefónicas.
El juez sostuvo que existen varios indicios que vinculan al sindicalista con el hecho:
Además, se valoró la conducta procesal del imputado y la posibilidad de que intente sustraerse de la acción de la Justicia, especialmente tras la confirmación previa del rechazo a su eximición de prisión.
Uno de los aspectos más sensibles de la resolución es la decisión de excluir como prueba el contenido extraído del celular de Tagliaferro. La defensa había planteado la nulidad de esa pericia al considerar que no fue debidamente notificada ni controlada, lo que -según argumentó- vulneró el derecho de defensa.
El juez hizo lugar parcialmente a ese planteo y entendió que la falta de información sobre el día y lugar de la diligencia constituyó un defecto que afecta garantías constitucionales, por lo que resolvió excluir ese material como prueba de cargo.
No obstante, aclaró que esto no invalida toda la investigación y que existen otros elementos probatorios independientes que sostienen la acusación. Incluso dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal ordene una nueva pericia respetando las garantías procesales.
La decisión de apartar los audios generó una rápida reacción de la acusación particular. Diana Prieto y el dirigente Leandro Nazarre, en su carácter de particulares damnificados y representados por el abogado César Albarracín, apelaron esa medida por considerarla un “agravio irreparable”.
En la presentación, sostuvieron que el material excluido es “de esencial relevancia” ya que contiene audios en los que -según afirman- el propio Tagliaferro reconoce su participación en los hechos, menciona haber salido a hacer “pirotecnia” y se jacta del resultado del ataque.
Además, indicaron que esos registros no solo permiten corroborar el incendio, sino también otros delitos y vínculos con sectores políticos y sindicales.
En su apelación, la acusación particular cuestionó los fundamentos del juez y aseguró que la defensa sí tenía conocimiento de la pericia. Incluso, citaron un escrito firmado por el propio imputado y su abogado en el que se menciona la fecha, hora y lugar de la diligencia técnica realizada en 2018, lo que -según sostienen- demuestra que no hubo vulneración del derecho de defensa. También remarcaron que durante años la defensa no cuestionó la autenticidad del contenido ni solicitó medidas complementarias para verificarlo.
Más allá de la discusión técnica sobre la prueba, la hipótesis central del caso se mantiene: el incendio habría sido parte de una violenta interna dentro del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra).
La víctima, Diana Prieto, tenía un rol dentro del gremio y era funcionaria en la Municipalidad de La Plata, al igual que otros protagonistas de la causa, en un contexto de disputa por la conducción que -según la investigación— derivó en amenazas, maniobras y episodios de violencia.
Con la prisión preventiva ya dictada, la situación procesal de Tagliaferro se agrava, aunque el expediente entra en una etapa clave. Por un lado, la Cámara deberá resolver la apelación presentada por el particular damnificado respecto de la exclusión de los audios, una decisión que podría modificar de manera sustancial el caudal probatorio.
Por otro, el Ministerio Público Fiscal podría avanzar en nuevas medidas, incluyendo una eventual reiteración de la pericia sobre el celular, tal como dejó abierta la resolución judicial.
A diez años del hecho, la causa que parecía estancada volvió a moverse con fuerza y ahora enfrenta definiciones centrales que pueden marcar su rumbo hacia un eventual juicio oral.
Redes Sociales