La tercera jornada del proceso oral se realizó este jueves 26 de junio. Hubo cambios en la Fiscalía y se preserva el contenido testimonial.
Con la declaración de un testigo se desarrolló la tercera audiencia del juicio oral por delitos conexos a la muerte de Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en 2017 y cuyo cuerpo apareció un año más tarde en la costa de Berisso.
El debate se realiza en el fuero federal con sede en La Plata y avanza sobre una estructura criminal acusada de trata de personas, narcotráfico y explotación sexual.
Una de las aristas del crimen de Johana Ramallo llegará a juicio oral con ocho personas acusadas de delitos conexos. Sobre la muerte se sabe poco.
Marta, la mamá de Johana Ramallo, encabezó las actividades al cumplirse siete años de su desaparición. Fuerte discurso y suelta de globos en 8 y 50.
En esta nueva jornada del debate oral, que se realizó bajo modalidad virtual, declaró un testigo en cumplimiento del cronograma previsto por el tribunal. Por decisión de las autoridades judiciales, no se brindaron precisiones sobre el contenido de la declaración, con el objetivo de resguardar su valor probatorio y atender a las características particulares del caso. El proceso se lleva adelante con especial cuidado respecto al tratamiento de la información sensible y el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.
Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la salida del fiscal general Rodolfo Marcelo Molina, quien hasta ahora estaba al frente del Ministerio Público en este juicio. La novedad se conoció en las últimas horas: Molina se jubiló y fue reemplazado en el proceso por la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero, quien asumió la conducción de la acusación penal en el marco del debate oral. Estará acompañada por el mismo equipo de auxiliares fiscales que venía interviniendo en las audiencias anteriores.
La continuidad del juicio quedó garantizada pese a este cambio. La nueva representante del Ministerio Público ya venía actuando en la investigación y cuenta con el apoyo de las fiscales Brenda Brandwawnman Boffi y María Laura Ustarroz. En tanto, el tribunal está integrado por los jueces Germán Castelli (presidente), Andrés Basso y Nelson Jarazo.
Hasta el momento, el juicio ya atravesó tres audiencias: la primera, el 16 de mayo, fue de carácter presencial y sirvió para leer los fundamentos de la acusación y registrar la negativa de los imputados a declarar. En la segunda, el 30 de mayo, declaró Marta Ramallo, madre de Johana, en un testimonio que conmovió a los presentes y visibilizó el largo camino de lucha de la familia en búsqueda de justicia.
En la audiencia de este jueves 26 de junio también se informó la fecha y modalidad de la próxima instancia del debate oral. Será el viernes 11 de julio a las 9, con modalidad híbrida: algunas partes estarán presentes en la sala de audiencias del tribunal, mientras que otras lo harán de manera remota, conectadas a través de la plataforma Zoom. Esta dinámica mixta responde a cuestiones de logística judicial y a la posibilidad de facilitar la participación de testigos que residen fuera de la ciudad de La Plata.
Como se ha señalado, el proceso no busca determinar aún la causa de la muerte de Johana Ramallo, que sigue siendo un interrogante sin respuesta judicial. Lo que se juzga en esta etapa es el entramado criminal que habría explotado sexualmente a la joven y a otras mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, bajo un esquema de trata, violencia, narcotráfico y control territorial en la llamada “Zona Roja” platense.
Entre los ocho imputados se encuentran Carlos “Cabezón” Rodríguez, señalado como líder de la organización, y Hernán D’Uva Razzari, acusado de explotar sexualmente a su pareja, entre otros delitos. También son juzgados tres hombres por comercio de estupefacientes y tres mujeres –conocidas como “Las Viejas”– por explotación sexual de mujeres en situación de prostitución.
La investigación federal sostiene que la banda criminal operó en La Plata entre 2016 y 2017, utilizando drogas, violencia y amenazas para controlar a las víctimas. Según la querella, la joven fue captada por esa red, explotada y posteriormente asesinada. No hay pruebas científicas concluyentes sobre su muerte, aunque un exjefe de la morgue declaró en su momento que los restos hallados presentaban signos de desmembramiento por acción humana.
La querella representa a la familia Ramallo y exige profundizar las líneas de investigación que podrían implicar responsabilidades estatales y policiales, aún no abordadas por la causa. Para la madre de Johana, el proceso actual representa una instancia de reparación pero también de denuncia: “No quiero venganza, quiero saber qué le hicieron”, dijo en la audiencia anterior.
Con tres jornadas desarrolladas y al menos una más prevista, el juicio sigue su curso en un marco de fuerte expectativa social y judicial. El caso de Johana Ramallo, a más de siete años de su desaparición, sigue interpelando al sistema penal, al Estado y a la sociedad sobre las redes de explotación sexual, la impunidad y la deuda pendiente con las víctimas de trata.