La denuncia apunta al financiamiento de infraestructura hídrica y advierte sobre proyectos frenados. En La Plata el reclamo se vincula con obras de saneamiento.
La denuncia penal presentada por la Provincia contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en el destino de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y en el freno de obras que debían financiarse con ese dinero. En el Gran La Plata, uno de los puntos sensibles es la infraestructura de saneamiento, en particular el proyecto de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la región.
La presentación cuestiona que fondos afectados a obras hídricas se hayan colocado en instrumentos financieros del Tesoro nacional, en lugar de aplicarse plenamente a los trabajos previstos.
La obra a la que apunta el reclamo en la región es el proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada. El plan prevé construir una planta de tratamiento primario avanzado en Berisso, dentro del predio de la instalación existente, además de un sistema de conducción y descarga de los efluentes tratados en el Río de la Plata.
El proyecto requiere una inversión estimada en US$270 millones y, de acuerdo con la Provincia, necesita financiamiento internacional para poder avanzar. El gobierno bonaerense había gestionado un crédito ante organismos multilaterales, pero la operación depende del aval del Estado nacional para que la Provincia pueda endeudarse.
La negativa nacional quedó formalizada en julio de 2026, cuando el Ministerio de Economía comunicó ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata que no autorizaría el aval solicitado. La administración de Javier Milei sostuvo que la Provincia debía recurrir a fuentes de financiamiento propias. Desde el gobierno de Axel Kicillof, en cambio, cuestionaron esa decisión y señalaron que otras jurisdicciones habían recibido autorizaciones para tomar créditos internacionales.
La falta de financiamiento mantiene frenado el avance de una obra considerada central para el saneamiento de la región capital. El proyecto apunta a tratar los líquidos cloacales que hoy llegan sin el tratamiento previsto a la cuenca del arroyo El Gato, al Río Santiago y, finalmente, al Río de la Plata. Según la información publicada sobre el plan, la infraestructura beneficiaría a más de un millón de personas de los tres distritos.
La discusión por la obra se desarrolla en paralelo a un expediente judicial por la contaminación de la cuenca. El Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, interviene en el reclamo para que se avance con medidas de saneamiento. En ese contexto, la Provincia presentó su proyecto y planteó que necesita el financiamiento internacional para ejecutarlo.
La infraestructura prevista incluye cuatro componentes centrales: una planta de tratamiento primario avanzado en Berisso, un conducto emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. El sistema también contempla una estación de bombeo y una cámara de carga para vincular la planta con el emisario. La intervención busca modificar el tratamiento y la disposición final de los efluentes cloacales generados en La Plata, Berisso y Ensenada.
El conflicto no se limita al costo de la obra. La Provincia sostiene que, sin la garantía nacional, no puede acceder al préstamo previsto y que afrontar la inversión con recursos propios obligaría a reordenar otras partidas de infraestructura. Nación, por su parte, rechazó que exista una obligación automática de aprobar cada solicitud de endeudamiento provincial.
La presentación penal realizada por Provincia el miércoles, tiene como eje principal el manejo del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La denuncia apunta al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios por el presunto uso de recursos afectados a obras hídricas en instrumentos financieros del Tesoro nacional.
En el escrito, se cuestiona que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fondo recaudara $375.422 millones y destinara $115.990 millones al pago de obras. Según sus cálculos, quedó una diferencia de $259.431 millones que no se aplicó a ese concepto durante el período analizado. También sostuvo que una parte sustancial de los recursos se colocó en Letras del Tesoro.
La presentación menciona expresamente la negativa nacional a autorizar el financiamiento internacional de US$270 millones para la planta cloacal del Gran La Plata. Sin embargo, hace una distinción relevante: señala que ese rechazo al crédito no constituye por sí mismo la conducta penal que denuncia, aunque considera que puede reflejar una misma orientación de desinversión en infraestructura hídrica provincial.
Por eso, son dos planos relacionados, pero diferentes: por un lado, la denuncia penal por el presunto desvío de recursos del fondo hídrico; por otro, el conflicto administrativo y financiero por el aval para tomar deuda destinada a la planta cloacal. La presentación pide que se investigue el destino del dinero y que se preserven documentos, movimientos bancarios e instrucciones de inversión. No implica, por sí sola, que los delitos denunciados estén probados ni que exista una resolución judicial que establezca responsabilidades.
El proyecto tiene especial relevancia por el impacto ambiental de los efluentes cloacales en la cuenca que atraviesa la región capital. La controversia llegó a los tribunales porque la Provincia debe presentar medidas para avanzar con el saneamiento, mientras argumenta que la falta de aval nacional impide obtener el financiamiento necesario para ejecutar la obra de mayor escala.
La discusión también expone una tensión entre las responsabilidades provinciales sobre la infraestructura sanitaria y la intervención nacional requerida para habilitar el crédito. En julio, el gobierno nacional rechazó dar el aval y propuso que Buenos Aires recurriera a recursos propios; la administración bonaerense cuestionó esa salida por el volumen de la inversión y por el contraste con los créditos autorizados a otras provincias.
En ese escenario, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada quedó como una de las obras más relevantes del reclamo bonaerense. Su ejecución depende de cómo se resuelva el financiamiento, mientras la denuncia busca que la Justicia determine si el manejo de los fondos hídricos nacionales se ajustó a la normativa que fija su destino específico.
Redes Sociales