La Cámara rechazó la apelación de la fiscal. La medida se hará efectiva cuando verifiquen que el domicilio permite instalar el monitoreo electrónico.
La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó el arresto domiciliario de Albertina Mangini, la funcionaria judicial acusada de integrar una presunta asociación ilícita vinculada con maniobras de defraudación informática y lavado de activos de origen delictivo. La medida refuerza una resolución del juez de Garantías.
Las juezas María Sofía Rezzónico Bernard y María Silvia Oyhamburu rechazaron el recurso presentado por la fiscal Betina Lacki, quien buscaba que Mangini continuara detenida en una unidad penitenciaria. El tribunal de alzada consideró que, aunque persisten riesgos procesales, pueden ser controlados con monitoreo electrónico, supervisión del Patronato de Liberados y estrictas prohibiciones de contacto con víctimas, testigos y otros imputados.
Para arribar a esa resolución, se tuvo en cuenta informes médicos y psicológicos aportados por la defensa a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina que documentaron un deterioro físico y emocional durante el encierro. También se valoró la ausencia de antecedentes penales condenatorios, el arraigo familiar y la modificación de la calificación legal considerada para evaluar la medida.
El beneficio todavía debe instrumentarse. El Servicio Penitenciario Bonaerense deberá verificar que el domicilio propuesto reúna las condiciones técnicas para instalar el dispositivo de monitoreo electrónico.
La investigación busca determinar cómo operaba una organización que presuntamente captaba datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas digitales y canalizar fondos vinculados con apuestas clandestinas.
Uno de los movimientos bajo análisis corresponde a una cuenta de Haz Pagos que registró un flujo bruto superior a los 27.149 millones de pesos. Esa cifra representa el volumen de acreditaciones y débitos estudiados y no implica que todo ese dinero fuera ilícito.
Según la hipótesis fiscal Lacki, Mangini habría aprovechado su trabajo en una oficina vinculada con el Patronato de Liberados para contactar a personas que podían aportar sus datos. La Justicia investiga su presunta participación en la estructura; la confirmación del arresto domiciliario no define su responsabilidad penal.
En el expediente también están procesados con prisión preventiva Ignacio Leonel Marchioni, Mauro Perrotta y Juan Ignacio Campoli Sillero, entre otros. Cristian Alejandro Scigliano recuperó la libertad bajo reglas de conducta, mientras que Catriel Taubenschlag tiene orden de captura vigente, según el último estado conocido de la causa.
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