El Tribunal Oral Criminal I de La Plata dictó una pena ejemplar en una de las causas más conmocionantes de los últimos años.
El Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata encontró culpable y condenó a 26 años de prisión a Gerardo Tomás Ponce, el exprofesor de básquet de los clubes Juventud y Sudamérica, por abusos sexuales agravados cometidos contra alumnos menores de edad.
La decisión, respaldada por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Emir Alfredo Caputo Tártara, se produjo tras semanas de intenso debate y un proceso que conmocionó a la sociedad platense. La lectura de la sentencia estuvo en voz del juez Decastelli quien al dar a conocer el monto de la pena logró un aplauso cerrado de las víctimas (hoy mayores de edad) y sus familias.
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La emoción continuó en los pasillos del fuero Penal y en la puerta del edificio de calle 8 entre 56 y 57 donde bajo un sol ardiente, se multiplicaban los abrazos. Algo de alivio llegó a la vida de los denunciantes que el momento de los abusos eran menores de edad. El caso fue investigado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.
La sentencia constituye una de las penas más severas dictadas en causas de esta gravedad en el Departamento Judicial de la capital bonaerense. Las víctimas fueron asistidas por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina. La acusación oficial estuvo en cabeza del fiscal Jorge Paolini.
Según la acusación, Ponce se valió de su posición de educador y entrenador para ganarse la confianza de las familias y de los menores entre 2005 y 2010, desarrollando un patrón sostenido de manoseos, exhibición de pornografía, sexo oral y otros abusos en perjuicio de sus alumnos.
La fiscalía, a cargo de Jorge Paolini, había planteado que los hechos no fueron aislados sino parte de un comportamiento deliberado: describió al acusado como "un lobo solitario que generaba las condiciones para ejecutar los ataques sexuales", y destacó la profundidad del daño causado.
Durante el juicio, expusieron más de una decena de testimonios clave y pericias, incluido un peritaje informático que demostró que mensajes anónimos con contenido sexual habían sido enviados desde la IP del acusado, incluso antes de la tipificación del delito de grooming.
Además, representantes de las víctimas presentaron argumentos cargados de emoción y gravedad, advirtiendo que los ataques fueron planificados y reiterados y que las secuelas psicológicas persisten hasta hoy.
Durante el juicio, la defensa, liderada por el abogado Gastón Nicocia, sostuvo que "no se puede condenar lo que no existió" y exigió que se requiriera una certeza más allá de toda duda razonable. Para reforzar su postura, presentó fotografías del acusado compartiendo actividades sociales con los menores años después de los hechos denunciados.
Ponce, por su parte, ejerció su derecho a declarar brevemente en una de las audiencias y afirmó: "Fue todo más que claro lo que se dijo, no necesito agregar nada más", sin embargo no fue acompañado por familiares durante el desarrollo del juicio.
La sentencia de 26 años de prisión representa, para el tribunal, una respuesta contundente ante abusos cometidos por alguien que debía proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Para las querellas y familias de las víctimas, la decisión confirma que la justicia escuchó sus voces y reconoció el daño infligido.
La condena también se interpreta como un mensaje al conjunto de la sociedad: aquellos que traicionen la confianza depositada en roles de educación y cuidado enfrentarán respuestas judiciales firmes y severas.
Este fallo se suma a un contexto social donde la protección de los menores y la respuesta del sistema judicial ante delitos sexuales han cobrado centralidad y exigencia ciudadana.
La causa, que empezó con pedidos de penas que llegaban hasta los 50 años de prisión, concluyó con una condena sustancial que, según analistas legales, busca equilibrar la gravedad de los hechos y los principios del derecho penal.
Con la lectura de la sentencia, Ponce seguirá tras las rejas, en tanto que la defensa aún tiene la posibilidad de recurrir el fallo ante instancias superiores. Para las víctimas y sus allegados, esta sentencia es un paso clave en la búsqueda de justicia y reparación, aunque reconocen que el camino de recuperación es largo.