El expolicía Justo José López, último detenido por la desaparición de Miguel Bru, murió sin revelar qué hicieron con el cuerpo.
Internado en un hospital de Florencio Varela, murió en las últimas horas Justo José López, el exsargento que integraba el Servicio de Calle de la comisaría Novena de La Plata, donde el estudiante de Periodismo de la UNLP Miguel Bru fue visto por última vez con vida. Era el único de los cuatro policías que fueron condenados en el juicio oral realizado en 1999 que permanecía preso.
Pasaba sus días en la Unidad Penal N° 24 de Florencio Varela. Durante varios años batalló para acceder a un régimen de libertad condicional que, finalmente, le fue denegado. Hasta el ultimo suspiro de sus días, proclamó su inocencia y denunció haber sido perjudicado por un plan político. La justicia, sin embargo, lo hallo responsable material del asesinato pese a que el cuerpo de Bru, nunca pudo ser hallado.
A 32 años de la desaparición de Miguel Bru, su madre pidió investigar si unos restos hallados podrían pertenecer al joven desaparecido y asesinado en 1993.
Familiares de Miguel Bru y organizaciones de derechos humanos convocaron a una vigilia frente a la Comisaría Novena para exigir avances en la causa.
Lopez había sido internado días atrás en muy mal estado con un avanzado cáncer de esófago que le impedía la deglución. No tenía familiares que lo visitaran.
La madre de la víctima, Rosa Schonfeld de Bru, intentó varias veces convencerlo de que revelara lo que habían hecho con los restos de su hijo pero no lo consiguió. Lopez se salió con la suya y se llevó el secreto a la tumba.
Miguel Bru tenía 23 años cuando fue "chupado" por efectivos de la comisaría Novena que lo hostigaban y amenazaban desde que él los denunció por un allanamiento ilegal en su casa. Poco después fue detenido ilegalmente y asesinado dentro de la seccional para después deshacerse del cuerpo.
Rosa Schonfeld sigue buscando respuestas sobre el destino de su hijo Miguel Bru
El último intento para obtener la libertad condicional de López, había sido impulsado por el abogado, Lino Andrés Gauto Cardozo, y se produjo a poco de que se destara la pandemia de coronavirus y fue rechazado por la camarista penal María Silvia Oyhamburu, que interviene como jueza de Ejecución Penal en la causa. En su presentación, el letrado buscó que se incluyera a su patrocinado entre los posibles egresos dispuestos en función de la emergencia sanitaria que se registra en las cárceles bonaerenses a raíz de la amenaza del Covid-19. Al fundar su negativa, Oyhamburu indicó que "tampoco se advierte que el condenado se encuentre en situación de riesgo sanitario que amerite modificar la resolución denegatoria de su libertad condicional".
Antes, el 5 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había desestimado un recurso de queja con los que la abogada Norma Isabella de González -quien fuera previamente representante legal de López- había reclamado el mismo beneficio en el marco de un complejo laberinto de tecnicismos que provocó una discrepancia de criterios entre las salas I y III del Tribunal de Casación. De hecho, a instancias de ese tribunal, la jueza Oyhamburu había terminado por otorgar al expolicía la libertad condicional, de la que gozó entre diciembre de 2014 y julio 2017.
Como sea, los sucesivos informes del SPB sobre el interno insisten en señalar la falta de "reflexión crítica" y una posición "exculpatoria y victimizada de los hechos". A lo que se sumó el planteo del fiscal de Cámaras Héctor Vogliolo, quien, al intervenir en el caso, subrayó que el delito cometido constituye una "gravísima violación a los derechos humanos" y apuntó como agravante la condición de "funcionario policial" de López al momento del hecho. Vogliolo también reparó en que en este hecho aún se encuentra vulnerado "el derecho a la verdad consagrado por la jurisprudencia interamericana".
Según el último de los informes penitenciarios, "el condenado insiste en su inocencia respecto del hecho que se le imputa, manifestando que detenidos de la comisaría lo habrían señalado en venganza porque los había detenido", que "alude también a incongruencias en la causa" y sostiene que "a pesar de ello lo declararon culpable legalmente". El texto concluye: "Por el momento sería inviable incorporar al condenado López en el régimen de libertad condicional".
Hasta que sobrevino la pandemia, López estaba en Sierra Chica y tenía permitidas salidas transitorias una vez al mes, pero las restricciones impuestas por el Gobierno en marzo del 2020 interrumpieron los viajes, lo que motivó que el interno reclamara una medida de "acercamiento familiar", que implicaría un traslado a un penal más próximo a su domicilio. Luego fue trasladado a Florencio Varela.
En la cárcel, este hombre rudo acostumbrado a la acción, al que todos conocian por el apodo de "Negro", se había vuelto un preso modelo: tenía buen concepto y "conducta ejemplar"; jugaba al fútbol y recibía visitas familiares; También participaba de las tareas de limpieza del pabellón e incluso, en algún momento, tuvo a su cargo el taller de manualidades de la unidad.
Una vez terminado el juicio oral, la Justicia abrió una nueva investigación (la Instrucción Penal Preparatoria N° 28329/99) para buscar los restos de Miguel Bru. El primer instructor, Fernando Cartasegna, renunció a su cargo en 2017 sin haber producido avance alguno. La causa pasó, entonces, a manos del fiscal Marcelo Martini, que en diciembre de ese año visitó en dos oportunidades a López en el penal de Sierra Chica. En esa oportunidad el expolicía insistió con declararse inocente y sostuvo que los jueces lo habían condenado por la presión de los medios de comunicación. Además, dio una versión que indica que Bru habría muerto en Chile, donde vivió oculto. Ya en su momento la defensa de los policías, a cargo del fallecido letrado Alejandro Casal, había intentado hacer circular el relato del paso de Bru al país trasandino, aunque sin aportar elementos de prueba al respecto.
En aquellos encuentros en el estrecho locutorio de la unidad, el fiscal Martini sugirió a López que su situación podía mejorar si confesaba lo que habían hecho con el cuerpo de Bru. No era la primera vez que el expolicía recibía un planteo de estas características. Apenas terminado el juicio oral, Casal rechazó en nombre de los uniformados que acababan de ser condenados una propuesta originada en la familia Bru, que les proponía pedir una conmutación de penas a cambio de información sobre el destino final del cuerpo de Miguel.
El expediente, que acumula miles de fojas y en el que se hicieron decenas de rastrillajes, sigue abierto, fundamentalmente, a partir de la constancia de la madre de la víctima y de los miembros de la Asociación Miguel Bru, una ONG creada para acompañar otros casos de violencia institucional. Hasta ahora, las innumerables pistas recibidas no han permitido arribar a resultados positivos para la investigación.
A Schonfeld ya no le preocupaba que el asesino de su hijo pueda recuperar la libertad. A esta altura no le interesa conocer nuevos detalles de la causa y solo espera un gesto de López para poder cerrar una etapa y dar respuesta al interrogante con el que inició la búsqueda de su hijo y que acompañó su lucha todos estos años. En diálogo con 0221.com.ar, la mujer contó que cuando se enteró que Lopez estaba internado con muy mal pronostico hizo el último intento por verlo, pero no se lo permitieron. "Nosotros estuvimos mucho tiempo intentando ofrecerle una recompensa, que le perdonaran su condena pero que nos diga algo… No lo puedo creer, ahora se murió sin decir nada", se lamentó la mujer.
Al igual que López, ninguno de los otros tres expolicías condenados por el crimen de Miguel Bru en el juicio oral llevado adelante en mayo de 1999 reconoció siquiera haber participado en el hecho. En aquella instancia, los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Eduardo Hortel, Luis Pedro Soria y María Clelia Rosentock, consideraron que el exsargento López y el subcomisario Walter Abrigo -que murió en prisión en octubre de 2003- fueron los autores materiales del crimen. En tanto, el entonces titular de la seccional Novena, comisario Juan Domingo Ojeda, y el suboficial Ramón Cerecetto recibieron penas menores por encubrimiento y evitaron ir a prisión.
Tampoco aportó ninguna información el resto de los policías que en aquellos días cumplían funciones en la comisaría. Durante el juicio oral en el que se ventiló la desaparición de Bru, una veintena de policías convocados a declarar exhibieron, como denominador común, una ostensible fragilidad de memoria. Como ceñidos a un libreto, todos coincidieron en haberse enterado del caso por los medios de comunicación y dijeron desconocer las tareas del Servicio de Calle ya que, argumentaron, no tenía relación con la actividad en la seccional y dependía directamente del comisario.
Mientras se llevaban adelante las audiencias públicas, una denuncia con reserva de identidad acusó a policías afectados al operativo de seguridad de la sala de dirigir las declaraciones y de adelantarles a los testigos que esperaban por declarar, aislados en una oficina contigua, lo que iban diciendo sus camaradas. El caso recayó finalmente en la fiscalía de turno, a cargo de Beatriz Castellanos, quien por falta de elementos nunca pudo procesar a nadie por aquella denuncia. En la previa a una de esas jornadas, mientras la sala aún estaba semivacía, se escuchó desde la oficina contigua en la que esperan los testigos cómo una mujer instruía a los gritos a los inminentes testigos uniformados: "No podemos hablar, no podemos comentar nada. Y ni se les ocurra siquiera saludar al que pasa a declarar". Un bochorno en el que la Justicia no reparó.
En mayo de 2001, Rosa Schonfeld, requirió al fiscal de turno, Mariano Lasarte, que analizara el registro de las cámaras de seguridad instaladas en la comisaría Novena, en las oficinas y en la zona de calabozos, y pidió que se estableciera fehacientemente la nómina del personal de guardia de aquella noche sobre la base de los libros de la seccional.
Según los registros de la dependencia, entre el 17 y el 18 de agosto de 1993, estuvieron en la seccional, además de los ya mencionados Ojeda y Cerecetto, los subcomisarios Carmelo Forte y Ernesto Carrizo; los oficiales Juan Carlos Suárez, Julio Gómez Sánchez (h.) y Jorge Guillermo Viciconti, además de los suboficiales Pedro Etchegaray, Carlos Paz, Claudia Belloni, Fabián Agostini y el chofer Gustavo Carpinetti. Figuran, asimismo, en las constancias el agente Julio Ayala -que ese día había tomado su primer destino en la Novena- además de los efectivos Alberto Pintos, Juan Izaguirre, Mariano Villalba, Daniel Puis, Daniel Altamirano y Walter Olaso.
Aquella noche, agentes de varias seccionales participaron de una redada que intentaba capturar a un presunto violador en la zona del Bosque, jurisdicción de la Novena. En dicho operativo, participaron junto a integrantes del Servicio de Calle, los siguientes efectivos, mencionados en el informe elevado a la Justicia solo por sus apellidos: Roldán, Verón, Posse, Romero, Molina, Alcázar, Lorenzo, Alarcón y Allendi.
La investigación terminó por concentrarse en los oficiales Suárez, Viciconti y Gómez Sánchez, imputados por una presunta omisión de denunciar el crimen. Sin embargo, en 2004, los fiscales Virginia Bravo y Gabriel Sagastume, cerraron la causa y sobreseyeron a los imputados por falta de pruebas.