El proyecto de ordenanza fue presentado por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, en el Concejo Deliberante de La Plata.
El presidente del bloque PRO, Nicolás Morzone, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata que busca prohibir la circulación de autos, motos y otros vehículos que lleven caños de escape libres o modificados y que generen contaminación sonora por encima de los límites establecidos. Además endurece las sanciones económicas para quienes incumplan la normativa.
La iniciativa buscar atender una problemática que se volvió recurrente en la ciudad debido a las caravanas de motos con escapes alterados que son motivo de quejas de los vecinos, especialmente por la noche y en zonas residenciales.
La caravana de motos volvió a causar explosiones, maniobras peligrosas y caos vehicular en La Plata y la región, y sumó un polémico evento en Isla Maciel.
Durante la madrugada del sábado, una caravana de motos circulaba por la Autopista La Plata-Buenos Aires y un motociclista terminó tendido en el asfalto.
El proyecto prohíbe la circulación en la vía pública de autos, motocicletas y cualquier otro vehículo a motor "que tengan incorporados caños de escapes libres o modificados a los originales, que provoquen contaminación sonora y excedan los límites reglamentarios" así como cualquier otro tipo de caño de escape que no se corresponda al modelo y año de fabricación del vehículo, o posea dispositivos mecánicos que generen ruidos molestos.
La autoridad de aplicación de la ordenanza será la Secretaría de Control Urbano, que deberá controlar si los vehículos superan los valores máximos de emisión sonora para cada categoría. En el caso de los autos particulares será de hasta 83 decibeles; en las motos de hasta 80 cm3 será de 78 decibeles y en las de más de 80 cm³ de hasta 80 decibeles, mientras que en los vehículos pesados el límite será de 86.
El proyecto también propone fijar multas de 200 a 1.000 módulos para autos y vehículos livianos; de 250 a 1.500 para motos de uso particular; y de 200 a 1.000 para vehículos pesados, junto con el decomiso del escape o dispositivo prohibido.
También plantea el secuestro del vehículo y le da un plazo de 30 días al titular para solicitar la restitución, pero con una condición clave: el rodado debe volver a estar en regla y el escape reglamentario debe ser reemplazado. Si no se realiza el cambio, el proyecto habilita la destrucción inmediata del escape mediante compactadora en la vía pública.
Por otro lado, el articulado ordena el decomiso de los escapes no originales, no homologados y "altamente molestos" que perturben el descanso o generen molestias en espacios públicos o privados.
Las multas se duplicarán si la falta se comete en caravana o circulación grupal, en horario nocturno entre las 22 y las 6, si el infractor está prestando servicios de transporte de personas o mercadería (como taxis, remises, Uber, etc), o si hay reincidencia.
El proyecto incorpora un capítulo específico para talleres mecánicos y comercios, y les exige abstenerse de instalar dispositivos que superen los límites permitidos y prevé multas de 500 a 3.000 módulos, con clausura temporal por 90 días en caso de reincidencia.
A su vez, autoriza a los agentes de Control Urbano a usar material fotográfico o fílmico junto con el acta como prueba, elevándolo al Juzgado de Faltas para su valoración.
Otro punto llamativo es que, luego de un mes del decomiso, se faculta al Juzgado de Faltas a la destrucción y/o compactación de los escapes para sacarlos de circulación. La acción deberá publicarse por los medios de prensa municipales y realizarse en un lugar público para darle visibilidad y efecto disuasorio.
En los fundamentos, Morzone sostiene que la circulación de vehículos, especialmente motocicletas, equipadas con caños de escape modificados o libres" ha generado una creciente preocupación desde hace años en nuestra ciudad".
"En la ciudad de La Plata, la problemática se ve particularmente agravada por las denominadas caravanas de motos, formaciones de grupos de motociclistas que circulan en conjunto y a altas velocidades, generando niveles de ruido que superan ampliamente los límites tolerables establecidos por la normativa de tránsito y ambiental", agrega.
"Estas caravanas no solo producen contaminación sonora persistente, sino que además generan riesgos para la seguridad vial, perturban el orden público y provocan una significativa afectación al descanso y bienestar de los vecinos, especialmente en barrios densamente poblados y zonas cercanas a hospitales, escuelas y centros de atención comunitaria"añade y concluye que se trata de "un problema de interés público, que exige intervención normativa urgente para restablecer la tranquilidad, el orden y la seguridad en nuestra ciudad".