El Concejo Deliberante de La Plata debate una regulación integral para Uber y DiDi, buscando un marco legal definitivo para las aplicaciones de transporte.
La Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Accaura) presentó petitorios ante Julio Alak y el Concejo Deliberante para exigir la legalización de Uber y DiDi en La Plata. En paralelo, avanza un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte con controles municipales y nuevas obligaciones.
En ese marco, los conductores de plataformas convocaron a una concentración que se llevará a cabo el próximo miércoles en reclamo por la multiplicación de controles, el labrado de multas y el secuestro de vehículos.
Con el tema en agenda, en La Plata se debate un nuevo marco integral para regular Uber, DiDi, Cabify y otras aplicaciones de transporte. El proyecto, impulsado por Unión por la Patria (UxP), cuenta con cierto consenso entre oficialismo y oposición y apunta a darle un encuadre legal definitivo a un servicio que actualmente funciona en un limbo regulatorio.
La iniciativa retoma parte de la discusión que ya habían impulsado Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA). Aunque aquel expediente no prosperó, dejó instalados varios puntos que ahora vuelven a escena en una propuesta con altas posibilidades de avanzar en el Concejo.
El texto establece que todas las plataformas deberán registrarse en la Municipalidad de La Plata y cumplir un marco regulatorio integral. Entre las exigencias se incluye ajustarse a la Ley de Contratos de Trabajo, garantizar espacios de descanso y entregar información actualizada sobre choferes, vehículos y sistemas internos de control.
Los conductores deberán presentar DNI, licencia de conducir vigente, antecedentes penales, documentación del vehículo, seguro y verificación técnica vehicular (VTV). Además, la normativa fija topes de antigüedad de 15 años para autos y de 10 años para motos y también contempla que taxistas y remiseros puedan incorporarse a las aplicaciones siempre que cumplan con los mismos requisitos establecidos para el resto de los conductores.
De aprobarse el proyecto, el Municipio quedará a cargo del control del sistema y tendrá facultades para solicitar documentación, realizar inspecciones y aplicar sanciones. Las empresas conservarán libertad para fijar tarifas, aunque los usuarios deberán aceptar el precio antes de iniciar cada viaje para garantizar transparencia.
La propuesta crea además un sistema de monitoreo para fiscalizar la actividad en tiempo real y detectar irregularidades, desde vehículos sin habilitación hasta fallas de seguridad o datos incompletos. También se establece que cada plataforma deberá contar con un canal local de atención al usuario para reclamos y emergencias, un punto que el oficialismo considera clave para equiparar responsabilidades con taxis y remises y ofrecer un servicio más seguro y respaldado por el Estado. En esa línea, a su vez, el régimen de sanciones prevé multas y suspensiones según la gravedad de las infracciones.
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