La víctima, una empleada judicial, cuestionó con dureza la investigación y anunció demandas civiles en La Plata contra los comercios involucrados.
La historia comenzó con la pérdida de una tarjeta de débito en una calle de La Plata y terminó años después en un juicio oral que generó expectativa por las particulares características del caso. Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de las pretensiones de la denunciante: el acusado fue absuelto por falta de pruebas.
La decisión fue adoptada por el juez Diego Tatarsky, titular del Juzgado Correccional N° 5 de La Plata, tras el debate oral en el que intervino la fiscal Helena De la Cruz como representante del Ministerio Público Fiscal y la defensora oficial Mariel Porcel de Peralta en representación del imputado.
Según pudo saber este medio, el magistrado entendió que las evidencias reunidas durante la investigación no alcanzaban para acreditar, con el grado de certeza que exige una condena penal, que el acusado hubiera sido efectivamente quien realizó las compras cuestionadas con la tarjeta extraviada.
La resolución provocó una profunda indignación en la víctima, una empleada del fuero Penal platense que desde el inicio del expediente denunció lo que consideró una investigación deficiente y prácticamente inexistente por parte de la fiscalía que intervino durante la etapa de instrucción.
En diálogo con 0221.com.ar, la mujer fue contundente: "La Justicia es una burla, un chiste, una obra de teatro, ahora solo espero la justicia Divina".
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que la investigación que terminó llevando el caso a juicio no fue impulsada inicialmente por los organismos judiciales, sino por la propia damnificada.
La mujer denunció que, luego de perder su tarjeta de débito, alguien comenzó a utilizarla para efectuar compras en distintos comercios de La Plata. Según reconstruyó, las operaciones se realizaron el mismo día de la pérdida y permitieron vaciar prácticamente la cuenta bancaria asociada al plástico.
La causa, sin embargo, no avanzó como esperaba. De acuerdo con su relato, el expediente fue archivado sin que se hubieran realizado medidas de prueba relevantes para identificar al responsable.
Lejos de resignarse, comenzó una investigación por cuenta propia. Recorrió los comercios donde se habían efectuado las operaciones, obtuvo información, recopiló documentación y logró reconstruir el recorrido de quien había utilizado la tarjeta.
"No hizo ninguna prueba, todo lo conseguí yo", sostuvo ahora, visiblemente molesta por el resultado del juicio.
La principal línea investigativa apuntó a un chofer de micros que terminó sentado en el banquillo de los acusados. La hipótesis acusatoria sostenía que había encontrado la tarjeta en la vía pública y luego la utilizó para realizar diversas compras sin autorización.
Durante la investigación se estableció que la tarjeta fue utilizada en distintos comercios de la ciudad. Las operaciones incluyeron compras en un supermercado, una perfumería, un local de ropa infantil y una sucursal de comida rápida ubicada en pleno centro platense.
Uno de los elementos que más expectativas había generado en la acusación era lo ocurrido en una reconocida perfumería. Allí, según la reconstrucción realizada por la víctima, quien utilizó la tarjeta habría sumado puntos en un programa de beneficios para clientes habituales.
Ese dato permitió vincular las operaciones con el acusado, quien era cliente del comercio. Para la denunciante, se trataba de una evidencia contundente. Sin embargo, en el juicio esa y otras pruebas no lograron superar el estándar requerido para una condena penal.
Fuentes judiciales indicaron que el juez consideró insuficientes los elementos incorporados al expediente para acreditar de manera inequívoca la autoría de los hechos atribuidos.
La absolución no implica que los hechos denunciados no hayan ocurrido, sino que las pruebas reunidas no permitieron establecer con el grado de certeza exigido por el sistema penal que el imputado fuera el responsable.
Más allá del revés sufrido en el fuero Correccional, la damnificada aseguró que continuará reclamando por otras vías judiciales. Su objetivo ahora será promover acciones en la Justicia Civil y Comercial contra los comercios que concretaron las ventas sin verificar la identidad de quien utilizaba la tarjeta.
La mujer sostiene que ninguna de las operaciones se habría podido concretar si los vendedores hubieran exigido la exhibición del Documento Nacional de Identidad para corroborar que quien efectuaba las compras era efectivamente la titular del medio de pago. "En ninguno de estos lugares le pidieron el DNI. Si lo hacían no podían venderle", había explicado durante la investigación.
La denunciante también sostiene que las consecuencias del episodio trascendieron lo económico. Según relató, el hecho le provocó problemas de salud, endeudamiento y complicaciones laborales que, asegura, todavía padece.
Con la absolución ya dictada, el caso cierra su capítulo penal sin condenados. Sin embargo, la controversia parece lejos de terminar. La víctima insiste en que el expediente evidenció graves falencias investigativas y anticipa una nueva batalla judicial para intentar recuperar el dinero perdido y obtener una reparación por los daños que dice haber sufrido.
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