Adrián Morales, abogado de La Plata, apeló tars su denuncia por el arbitraje de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central.
La polémica por la Supercopa Internacional 2026 entre Estudiantes y Rosario Central sumó un nuevo capítulo judicial. Adrián Daniel Morales presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez federal Sebastián Argibay de desestimar su denuncia y archivar las actuaciones. El expediente podría llegar a la Cámara Federal de Tucumán.
La presentación judicial cuestiona la resolución dictada en octubre de 2026, notificada el 6 de ese mes, mediante la cual el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal de desestimar la denuncia por inexistencia de delito. Morales sostiene que la decisión fue prematura y que impide preservar elementos probatorios que podrían resultar fundamentales para esclarecer lo sucedido.
Un abogado de La Plata pidió que se preserven los audios del VAR y las imágenes de la final entre Estudiantes y Rosario Central.
Un abogado de La Plata denunció la actuación del VAR en Estudiantes y Rosario Central y pidió preservar audios, imágenes y registros técnicos de la final.
El expediente, identificado con el número 16.874/26 y caratulado "Adrián Daniel Morales s/Denuncia NN", tiene como eje las actuaciones arbitrales durante la final disputada el 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
La denuncia original puso bajo análisis determinadas decisiones del árbitro principal Darío Herrera, así como las intervenciones del responsable del VAR, Jorge Baliño, y del AVAR, Mauro Ramos Errasti. El denunciante pretende que se establezca qué imágenes fueron utilizadas, qué comunicaciones existieron entre los integrantes del equipo arbitral y si hubo circunstancias externas que pudieran haber condicionado alguna decisión.
Uno de los principales argumentos del recurso es que la Justicia habría confundido la falta de pruebas actuales sobre la existencia de un delito con la ausencia de hechos concretos que puedan investigarse.
En ese sentido, Morales sostiene que su presentación no busca determinar de manera anticipada la responsabilidad penal de los árbitros, sino acceder a elementos técnicos que permitan confirmar o descartar la existencia de alguna irregularidad con relevancia judicial.
Entre las medidas solicitadas aparece la preservación urgente de las comunicaciones entre el árbitro, el VAR y el AVAR, además de las imágenes disponibles durante el encuentro, los registros informáticos, los accesos al sistema y los antecedentes de las revisiones realizadas.
La presentación también menciona jugadas protagonizadas por Tomás Palacios y Franco Ibarra, Gabriel Neves y Federico Navarro, y Elías Verón y Adolfo Gaich, respecto de las cuales solicita determinar si existieron revisiones, verificaciones silenciosas o intervenciones técnicas registradas.
El denunciante advierte que el paso del tiempo podría provocar la pérdida o alteración de registros digitales y audiovisuales. Por eso, reclama que se adopten medidas de aseguramiento de esas pruebas mientras se resuelve la apelación.
Además, Morales solicitó ser reconocido como parte querellante, con las facultades procesales correspondientes, y pidió que la Cámara Federal de Tucumán revoque la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones.
Otro de los aspectos señalados en el comunicado difundido por Morales tiene que ver con los antecedentes institucionales de algunos integrantes de la Cámara Federal de Tucumán, tribunal que podría intervenir en la revisión del expediente.
Según la información aportada por el denunciante, Ricardo Sanjuán integró el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras que Fernando Poviña, identificado como presidente de la Cámara, integra el Tribunal de Ética y Disciplina de Atlético Tucumán.
El comunicado también menciona una intervención anterior de la Cámara en una causa vinculada con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, en la que se abordó el apartamiento del juez Argibay. De acuerdo con esa presentación, el expediente incluyó cuestionamientos relacionados con una operación inmobiliaria entre la hija del magistrado y Darío Toviggino.
Estos antecedentes son expuestos por Morales como parte del contexto institucional del caso, aunque no formula acusaciones personales contra los camaristas ni sostiene que esas vinculaciones impliquen por sí mismas una irregularidad.
Por el momento, la controversia judicial gira alrededor de la posibilidad de revisar el archivo de la denuncia y preservar los registros técnicos del arbitraje. La eventual intervención de la Cámara Federal de Tucumán será determinante para establecer si corresponde mantener la desestimación o habilitar nuevas medidas vinculadas con los hechos denunciados.
