La Justicia procesó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, dirigentes de AFA por retención indebida de aportes y una deuda superior a $19.000 millones.
El juez Diego Amarante procesó a Chiqui Tapia y otros directivos de la AFA por la presunta retención indebida de aportes patronales por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025, en una causa que investiga delitos tributarios y de seguridad social.
El juez en lo penal económico resolvió este 30 de marzo procesar a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones. La medida alcanza al presidente Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes de peso dentro de la entidad.
Chiqui Tapia compartió imágenes con Lionel Messi en el predio de AFA durante el inicio de los entrenamientos, en medio de la investigación por evasión fiscal.
De manera insólita, denuncian que la comisión de interclubes de tenis de La Plata habría creado y modificado un PDF para sancionar a un equipo.
Según la resolución judicial, los imputados habrían retenido y no depositado en tiempo y forma más de $19.000 millones correspondientes a impuestos y aportes patronales entre los años 2024 y 2025. La cifra total precisada en la causa asciende a $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fallo también incluye al secretario general Cristian Ariel Malaspina y a los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Todos fueron considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la participación de múltiples personas dentro de una estructura organizada.
Días antes de la resolución, el 12 de marzo, Tapia se presentó a declarar ante la Justicia en el marco de las indagatorias. A partir de ese momento comenzaron a correr los plazos procesales que derivaron en la decisión del magistrado.
En sus presentaciones, tanto Tapia como el resto de los acusados negaron los cargos en su contra. A través de escritos, sostuvieron que no existió delito ni responsabilidad personal o institucional en los hechos investigados.
La defensa también argumentó que la deuda reclamada fue finalmente regularizada, aunque la Justicia avanzó con el procesamiento al considerar que existieron elementos suficientes para sostener la imputación en esta etapa de la causa.