A través de la IGJ, el Ministerio de Justicia le pidió explicaciones a la AFA y la Liga Profesional por cifras millonarias en sus balances.
El Ministerio de Justicia intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional del Fútbol Argentino para que brinden explicaciones sobre sus estados contables y financieros. El requerimiento se realizó a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y advierte sobre eventuales sanciones.
El Ministerio de Justicia difundió un comunicado oficial en el que informó que, a través de la IGJ, intimará a la AFA y a la Liga Profesional a brindar explicaciones sobre las cifras incluidas en sus estados contables y financieros.
Según se detalló, el pedido alcanza tanto a la información económica presentada como a las observaciones formuladas por el organismo de control, y se enmarca en las exigencias que rigen para todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones.
De acuerdo al comunicado, los balances sobre los que se solicitaron explicaciones superan los USD 111.000.000 en el caso de la AFA y los USD 340.000.000 en el de la Liga Profesional. En ese contexto, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían incluidas en sus estatutos sociales.
Desde el Ministerio de Justicia recordaron que la AFA es una asociación sin fines de lucro y que, como tal, debe cumplir con los mismos requisitos legales que el resto de las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ.
Vale recordar que desde hace tiempo hay una cruzada entre el Gobierno Nacional y la casa madre del fútbol argentino, con declaraciones cruzadas y también con allanamientos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En el mismo comunicado, el organismo reafirmó su compromiso con la igualdad ante la ley y remarcó que "nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios". En esa línea, se aclaró que tanto la AFA como la Liga Profesional deberán responder dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, el Ministerio de Justicia advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos formulados podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.
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